Un auto del Juzgado número 2 de Andújar, fechado el 26 de enero, ha puesto bajo sospecha proyectos fotovoltaicos sobre olivares centenarios en Lopera, Marmolejo y Arjona, en la provincia de Jaén. La resolución ve irregularidades “idénticas” a las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a anular en 2025 una megaplanta solar en Bujalance y Montoro por fraude de ley ambiental, con una fragmentación artificial en plantas de menos de 50 megavatios.
¿Qué significa esto para quien vive del olivar y quiere más renovables y una factura de la luz menos asfixiante? El juzgado describe expedientes que trocean un gran proyecto en piezas pequeñas, con menos exigencias ambientales y fuera del radar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además señala que no se ha valorado de forma conjunta el impacto sobre el ecosistema y la economía agrícola de la campiña.
La jueza añade que los documentos omiten especies vulnerables, como el alzacola rojizo, y que las anomalías de tramitación pueden vulnerar principios básicos de la administración y perjudicar a los agricultores de la zona. Aun así concluye que estos hechos no alcanzan el umbral penal y decreta el sobreseimiento provisional, remitiendo el fondo del asunto a la vía contencioso administrativa, donde se decidirá si las autorizaciones deben anularse o corregirse.
Las plataformas rurales sostienen que la maniobra de fragmentar potencia constituye un fraude de ley ambiental. Ecología y Libertad, SOS Rural y la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares alertan de que, si los ayuntamientos conceden licencias sobre proyectos viciados, podrían afrontar indemnizaciones millonarias a las promotoras Greenalia Solar Power y FRV Arroyadas I, además de reclamaciones de los agricultores y el coste de desmantelar las plantas y reparar los daños al suelo y al regadío.
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El auto pone también bajo la lupa la línea de alta tensión Doña María Guadame, una especie de autopista eléctrica para evacuar la energía y que atraviesa algunas de las fincas más productivas de la zona. La instalación de torres y maquinaria pesada sobre tuberías de riego es, para muchos olivareros, algo más que un apunte en un expediente urbanístico.
En el fondo, el caso de la campiña jienense refleja un debate que se repite en muchas zonas rurales de España. Pocos discuten la urgencia de reducir emisiones y desplegar renovables, pero crecen las voces que reclaman hacerlo sin convertir los mejores suelos agrarios y ecológicos en polígonos energéticos. El equilibrio entre clima, paisaje y economía local se jugará, esta vez, en los tribunales.
El comunicado oficial sobre este auto judicial ha sido publicado en la Sala de Prensa de SOS Rural.
