La batalla climática llega a los tribunales con una petición clara: obligar a TotalEnergies a reducir emisiones en línea con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Cuatro asociaciones ecologistas, con el respaldo del Ayuntamiento de París, han llevado a la petrolera ante la Justicia francesa.
Las organizaciones reclaman que la compañía suspenda nuevos proyectos de exploración y explotación de combustibles fósiles y adopte objetivos vinculantes de reducción para 2030 y 2050, bajo amenaza de sanciones económicas si incumple.
Obligar a TotalEnergies a reducir emisiones conforme al Acuerdo de París
Asociaciones ambientales y el Ayuntamiento de París exigen que la petrolera adapte su estrategia al Acuerdo de París y abandone nuevas explotaciones de gas y petróleo.
Los grupos ambientalistas basan su demanda en una ley francesa de 2017. La misma exige a las grandes empresas que establezcan planes de vigilancia. Los mismos deben prevenir daños graves a los derechos humanos, la salud y el medio ambiente.
Argumentan que TotalEnergies no cumple los objetivos del Acuerdo de París, cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Y que según la citada ley están obligados a hacerlo.
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La ley francesa del deber de vigilancia en el centro del caso
Cuatro asociaciones ecologistas, respaldadas por el Ayuntamiento de París, piden a la Justicia francesa que imponga a la petrolera TotalEnergies una trayectoria de reducción de emisiones que esté en línea con los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento climático a 1,5 grados centígrados.
En un procedimiento civil de dos días finalizado este viernes ante el Tribunal Judicial de París, que emitirá su sentencia el próximo 25 de junio, Sherpa, Notre Affaire à Tous, France Nature Environnement ZEA y el Ayuntamiento de la capital reclamaron al gigante energético francés que suspenda todos sus planes de exploración y explotación de nuevos yacimientos de gas y petróleo.
Además, sobre la base de la trayectoria para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para mediados de siglo, instaron al tribunal a que obligue a la empresa a que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del gas y del petróleo que produce y vende a sus clientes, y eso con objetivos de recortes para 2030 y 2050 bajo la amenaza de sanciones económicas en caso de incumplimiento.
Las asociaciones querellantes se amparan en una ley francesa de 2017 que establece un deber de vigilancia que las grandes empresas tienen que definir para identificar riesgos y prevenir que sus actividades o las de sus filiales acarreen graves daños a los derechos humanos, las libertades, la salud y la seguridad de las personas o el medioambiente.
Suspender nuevos proyectos de gas y petróleo
Sobre la base de esa ley, argumentan que la estrategia de TotalEnergies está en total contradicción con la trayectoria necesaria para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1,5 grados y por tanto infringe ese deber de vigilancia en el terreno climático.
Aurélien Hamel, director general de la estrategia y el desarrollo sostenible de TotalEnergies, señaló ante el tribunal que el plan de salvaguarda «es una norma de comportamiento». Y que cuando elaboraron el primero examinaron los riesgos medioambientales sobre los que pueden tener un control directo. Además, puso como ejemplos impedir incendios o fugas en sus instalaciones o poner los medios para atajarlos en caso de que se produzcan.
Hamel añadió que al escapar al control directo de la empresa, el riesgo climático no puede entrar en el deber de vigilancia.
Debate jurídico sobre la responsabilidad climática empresarial
Cuando una juez del tribunal le indicó que su informe de sostenibilidad es mucho más detallado e incluye entre otras cosas los objetivos del Acuerdo de París, el director general respondió que por razones de transparencia, En particular de cara a los accionistas, allí tienen que ser exhaustivos en sus objetivos, aunque luego la dirección es libre para tomar las medidas para alcanzarlos.
Y cuando la magistrada le preguntó si eso significa que, a diferencia de lo que ocurre con el plan de vigilancia, no hay un compromiso con el informe de sostenibilidad, su respuesta fue que «no desde el punto de vista jurídico», pese a que añadió que en cualquier caso su contenido tiene consecuencias, en particular para los inversores.
El investigador Paul Mougeolle, que intervino en nombre de los querellantes, se refirió repetidamente a que la jurisprudencia internacional de los últimos años ha mostrado que los poderes públicos, incluida la justicia, «tiene la obligación de proteger el clima«.
Mougeolle afirmó que lo que se exige a TotalEnergies no es «un cambio abrupto de la noche a la mañana», ni «una revolución», ni «que salven el planeta, sino que asuman su parte».
Una sentencia clave prevista para el 25 de junio
Preguntado por qué habían atacado en concreto a TotalEnergies, el representante de las asociaciones ecologistas reconoció que había otras compañías susceptibles, pero que «por consideraciones pragmáticas» había que elegir dada la complejidad jurídica de la argumentación y optaron por esta porque es «una empresa emblemática» que tiene un impacto «innegable» en el cambio climático.
Los ejecutivos de la empresa declararon ante el tribunal que el plan de vigilancia cubre los riesgos bajo control operativo directo, como incendios o fugas. Añadieron que el riesgo climático queda fuera de ese ámbito legal.
Los demandantes argumentaron que recientes sentencias internacionales demuestran que los tribunales deben contribuir a la protección del clima. Señalaron a TotalEnergies como un importante actor energético con un impacto global significativamente negativo. Seguir leyendo en CO2.
