“Dos pueblos mineros del norte de Colombia iniciaron una huelga a fines de setiembre en medio de los intentos del gobierno de cerrar las pequeñas operaciones mineras que se ocupan de extraer oro, incidente que se suma al asesinato del abogado de los mineros locales.”
Los residentes de Segovia y Remedios, dos ciudades en el noreste de la provincia de Antioquia cerraron las minas, las escuelas y pararon el transporte público en una disputa mortal sobre los títulos mineros.
La minería de oro en Colombia
Según los lugareños, el 97% de los cuales dependen de la pequeña minería, la subsidiaria de Gran Colombia Gold Zandor Capital ha estado buscando títulos mineros en zonas donde los locales están llevando a cabo sus propias actividades, en algunos casos desde hace décadas.
Lo que más les indigna es el apoyo que recibió la multinacional por parte del gobierno, quienes emitieron el 1/9/2016, un decreto en el que ordenaban el cierre de todas las empresas mineras que no se adhirieran a una serie de normas administrativas y ambientales impuestas a la industria.
Dos semanas más tarde, el abogado que asistía legalmente a los mineros locales fue asesinado en Medellín, la capital de la provincia y las autoridades regionales comenzaron a cerrar las pequeñas minas escudándose en el mencionado decreto.
Esto estimuló a los locales a tomar las calles masivamente y a demandar que se les permita formalizar sus negocios. De acuerdo con las gentes del lugar, no se sabe qué es peor, si las amenazas de muerte continuas o las acciones del gobierno tendientes a favorecer a la multinacional.
Antes si y ahora no
«En Segovia hay más de 100 empresas que han estado allí durante décadas y pagan impuestos al Estado. Los propietarios tratan de utilizar la tecnología limpia, pero el propio gobierno no les proporciona las herramientas para hacerlo”, comentó uno de los integrantes de la Mesa Minera.
Tras años de cumplir y trabajar, en la actualidad estas operaciones son consideradas “criminales” y por ende se las cierra mientras que los locales están aterrorizados por lo que parece ser un grupo paramilitar a las ordenes de Gran Colombia Gold, una empresa que cuenta en su consejo de administración, con varios miembros prominentes de la élite económica y política de Colombia.
«Desde el año pasado hemos sido objeto de amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas y de folletos. Estos fueron reportados antes de la Gobernación de Antioquia, la policía, el ejército y la Unidad Nacional de Protección y hasta el momento nadie nos ha prestado atención», explicaron los mineros y agregaron que ellos solo quieren cumplir con la normativa y trabajar en paz.
