“Las continuas emisiones tóxicas de la planta de Atanor en San Nicolás, Buenos Aires, han provocado el cierre indefinido de la instalación, después de una batalla legal que ha durado diez largos años y que dio la razón a quienes denunciaron los derrames químicos y fugas.”
Un contaminador impenitente
A la multinacional química Atanor se le ha ordenado el cierre temporal de su planta en San Nicolás, Argentina que produce el ampliamente utilizado herbicida atrazina. La decisión fue tomada a principios de setiembre por un juez provincial, después de determinar que derramaba miles de litros de agua contaminada al día en el río Paraná, a pesar de un fallo de un tribunal local de hace dos años que prohibía de este tipo de prácticas.
Hace diez años, Walter Ibarra, un ex empleado de Atanor y hoy líder de la ONG que intenta proteger al Río Paraná hizo las primeras denuncias que dieron inicio al proceso legal, en el que varios de los expertos que testificaron contra Atanor lograron demostrar que, por cada tonelada de atrazina producido en la planta de San Nicolás se podrían generar hasta 7,5 toneladas de residuos peligrosos como la simazina y la propazina.
El problema es que, por ahorrarse costos, la planta no trataba adecuadamente los residuos antes de diluirlos, incumpliendo con las normas sobre descargas. La contaminación generalizada de la cuenca del Río de la Plata (la segunda más grande en América del Sur después de la del río Amazonas) es un grave problema que se está intentando combatir y revertir.
Atanor ya se ha enfrentado a múltiples acusaciones de contaminación ambiental en Argentina. Su planta de Vicente López (Buenos Aires) fue cerrada en 1997 por derrames y escape de gases peligrosos y en 2014 uno de sus camiones volcó y derramó unos 18.000 litros del herbicida 2,4-D, considerado como un peligroso neurotóxico y cancerígeno.
Un barrio que se muere
La situación es tan grave, que un barrio situado en las inmediaciones de la planta ha sido bautizado como “Química” y las estimaciones más recientes indican que hasta 200 de sus residentes han muerto desde 2009, por causas relacionadas con la exposición a los diversos químicos nocivos emitidos.
En las muestras de sangre tomadas de los residentes han aparecido trazas evidentes de heptacloro, un compuesto organoclorado que si bien ahora está prohibido (por ser inductor de la aparición de cáncer y ocasionar trastornos endocrinos y de desarrollo) fue ampliamente utilizado como insecticida hace décadas.
Un informe de la Universidad Tecnológica Nacional de San Nicolás permitió a los abogados demostrar la responsabilidad que le cabía a Atanor ante las muertes por cáncer, así como la aparición de enfermedades de la piel, los riñones, los pulmones y el sistema respiratorio, ocasionados por la mala gestión de sus residuos tóxicos.
