Para discutir sobre los alcances de este pacto, se realizó hoy en la FAO el taller “Más y Mejor democracia ambiental para Chile y Latinoamérica y el Caribe”, organizado por el Ministerio del Medio Ambiente, la CEPAL y el PNUD. El evento contó con la asistencia de representantes de la sociedad civil, academia y sector privado.
Por primera vez Latinoamérica y el Caribe negocia un instrumento de democracia ambiental bajo el impulso y liderazgo de Chile y su ciudadanía. Se trata de un acuerdo regional “Sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientalesen América Latina y el Caribe(Principio 10 de la Declaración de Río)”, que se espera sea vinculante entre los 22 países que actualmente están involucrados.
Para discutir sobre los alcances de este pacto, se realizó hoy en la FAO el taller “Más y Mejor democracia ambiental para Chile y Latinoamérica y el Caribe”, organizado por el Ministerio del Medio Ambiente, la CEPAL y el PNUD. El evento contó con la asistencia de representantes de la sociedad civil, academia y sector privado.
“Tenemos el desafío de garantizar a nuestra ciudadanía mayores grados de injerencia sobre aquello que les afecta. Así como en el mundo, en Chile la ciudadanía se ha hecho más activa, más crítica y más demandante. Entonces la participación de todos los actores no sólo es deseable, sino ineludible. En otras palabras, es posible concebir otra forma de desarrollo de nuestros barrios, de nuestro territorio, buscando mayor integración, dialogo y cohesión. Porque un desarrollo sustentable no se logra con miradas parciales o imponiendo puntos de vistas”, enfatizó el ministro (s) del Medio Ambiente, Marcelo Mena.
El pacto, pretende “garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, porque es un medio eficaz para avanzar hacia un desarrollo sostenible”, explicó Silvia Rucks, representante residente del PNUD en Chile. El director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, en tanto, entregó un paso a paso de las negociaciones del acuerdo que considera “una situación inédita en la región, que establece su propia agenda para lograr un reequilibrios necesarios para potenciar los derechos al acceso a la información, justicia y participación medioambientales”.
De acuerdo a Constance Nalegach, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del MMA, este proceso deriva de un impulso de Chile en el sentido amplio de país, y no solo de un nuestro Gobierno, porque es muy importante que la ciudadanía continúe involucrándose. “Nosotros queremos que el acuerdo que se adopte sea vinculante y ambicioso, porque supone una agenda muy positiva para la región”, concluyó.
