“El fraking, la minería ilegal, la deforestación y todo lo que ello implica para el medio ambiente han dado al «Triángulo del Norte» (El Salvador, Guatemala y Honduras) de Centroamérica que lamentablemente registra los índices más altos de homicidios en la Tierra, especialmente entre los activistas y los periodistas que se atreven a denunciar los hechos.”
Necropolítica: una agenda asesina
Esto no es una teoría de la conspiración sino una realidad palpable en muchos pueblos de América Latina, especialmente en ciertos países de América central. Los datos indican que cuanto mayor sea la riqueza de recursos de una de estas naciones, mayor también será el índice de violencia, los desplazamientos forzados y los homicidios.
Esta combinación asesina refleja una política de despoblación forzada que busca obtener una explotación «libre de conflictos» de los recursos naturales que son cada vez más valiosos en la economía global moderna, como los minerales utilizados por las nuevas tecnologías y la madera.
Para ejecutar esta estrategia, una variedad de actores armados, incluidos narcotraficantes y pandilleros, pero también asesinos mercenarios, guardias de seguridad y sicarios, están vendiendo su experiencia exterminadora a entidades poderosas, desde gobiernos represivos hasta corporaciones transnacionales y a veces a ambos a la vez.
Esta «necropolítica» o política de la muerte es el núcleo violento de lo que muchos investigadores y estudiosos del tema han definido como necrocapitalismo, es decir, una serie de muertes que están motivadas por el beneficio económico de unos pocos.
¿Para qué negociar?
Este tipo de política se basa en el hecho de que, si hay un pueblo indígena que ocupa un determinado territorio rico en recursos minerales, por ejemplo, es más fácil y efectivo matar a unos cuantos y obligarlos a abandonar sus tierras que ponerse a negociar con ellos.
Cada vez que se decide negociar, hay de por medio pérdidas de tiempo y dinero, según estas corporaciones, que no hacen más que dilatar el momento de comenzar a producir y cada día perdido es dinero que no entra en sus bolsillos.
Por esta razón les resulta más redituable pagar a quienes se ofrecen para exterminarlos, a veces de forma “pública” (aunque parezca increíble es posible contratarlos por internet donde se “autopublicitan”) que molestarse en negociar con los involucrados.
Y estos asesinatos por encargo también pueden llegar a aplicarse a todo aquel que se atreva a denunciar la existencia de este tipo de prácticas, desde periodistas, activistas, políticos y un largo etc. La impunidad económica campa a sus anchas y nadie mueve un dedo para detenerla.
