“Uno pensaría que un país con protecciones para la Madre Naturaleza consagradas por la Constitución, apoyaría y alentaría a los defensores de los derechos indígenas y ambientales, pero lamentablemente no siempre es así.”
Mina si, indígenas no
Recientemente Ecuador se convirtió en un lugar muy difícil para ser un defensor de los derechos indígenas y del medio ambiente. A fines del año pasado el Ministerio de Medio Ambiente anunció su intención de cerrar Acción Ecológica, la principal organización ambientalista del país y uno de los fundadores del movimiento Keep It In The Ground, que se ha convertido en un llamado global para apoyar el mandato científico de no extraer más combustibles fósiles.
El gobierno dijo que el cierre era una respuesta directa a los esfuerzos del grupo para crear conciencia acerca de las preocupaciones ambientales y de los derechos de los aborígenes, ante su intención de permitir la apertura de una mina de cobre en las tierras de los indígenas Shuar en la amazonia ecuatoriana.
La situación de la tribu Shuar que Acción Ecológica había denunciado implicó la escalada del conflicto entre la comunidad indígena, el gobierno y el conglomerado minero chino Explorcobres S.A. (al que se le había otorgado los derechos de explotación minera.
A la fuerza
La zona de San Carlos Panantza se superpone con el territorio ancestral Shuar y la concesión de derechos se realizó sin haber siquiera consultado con la tribu, a pesar de que la legislación internacional y ecuatoriana exige tal consulta. A medida que el proyecto minero avanzaba, los Shuar trataron de involucrar a varias entidades gubernamentales en el diálogo.
Esos intentos de diálogo fueron brutalmente interrumpidos en agosto, cuando fuerzas militares y policiales expulsaron por la fuerza a las familias Shuar de las tierras que la compañía necesitaba para la mina.
Después de una falta de respuesta adecuada del gobierno, a finales de noviembre los Shuar intentaron regresar a esas tierras y se encontraron con una fuerte presencia policial y militar, siendo víctimas incluso de amenazas de ataques aéreos.
A mediados de diciembre las protestas se volvieron violentas, lo que resultó en varios heridos y en la muerte de un policía. El gobierno declaró entonces un «estado de emergencia» de 30 días y envió al ejército con tanques blindados. El presidente Correa por medio de Twitter llamó a los Shuar «semi-delincuentes» y dijo que solo les importaba obtener ganancias materiales.
A la protesta de los Shuar se han unido varias comunidades indígenas más, que pretenden hacer valer sus derechos constitucionales ante lo que consideran que es una afrenta de parte del gobierno, que, en vez de buscar el diálogo, hace primar los interesas de la compañía minera y se olvida de su propio pueblo.
