“Para que el nuevo sector energético en México encabece el desarrollo económico del país, deben aplicar mejores prácticas de sostenibilidad, según indica un nuevo documento del Instituto Baker de Políticas Públicas, dependiente de la Universidad de Rice.”
Un estudio profundo
El documento, «Los retos ambientales de la reforma energética», identifica una abundancia de recursos energéticos en determinadas áreas de México, que podrían ser objeto de explotación a raíz de la proyectada reforma.
En este estudio también se destacan áreas de posible conflicto en términos de acceso y manejo de recursos naturales e impacto ambiental, capaces de causar considerables consecuencias para el capital natural de todo el país.
Según Luis Sierra, autor del estudio, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente de México debe establecer criterios regulatorios para operar, siguiendo las normas de seguridad y de protección ambiental de cada sector, puesto que el manejo de los recursos naturales y la productividad del país permanecen estrechamente relacionados.
“Asumiendo desde el principio que las actividades productivas del sector de hidrocarburos serán priorizadas sobre cualquier otro uso del suelo, tales proyectos requieren una planificación estratégica que garantice un rendimiento, que sea sostenible durante toda la vida útil del proyecto y minimice el impacto de tales operaciones en el medio ambiente y los ecosistemas locales” explica Sierra.
“Esa planificación estratégica, por un lado, debe contemplar el riesgo existente de daños ambientales y sus externalidades potenciales, incluidas las sociales, no sólo para establecer una compensación para aquellas personas cuyo suelo se pretende modificar, sino también para determinar el costo de oportunidad real, representado por las actividades del sector de hidrocarburos”, sostiene el autor.
Los cambios deben ser sostenibles
El sector energético mexicano estuvo bajo estricta administración gubernamental desde 1938, pero esto cambió entre 2013 y 2014, cuando el país modificó su Constitución y aprobó una legislación en la que se debía revisar su sector energético, para permitir inversiones privadas y extranjeras.
Dado que el país finalmente ha alcanzado el consenso político para reorganizar su sector energético y para lograr competitividad de acuerdo con las exigencias de los mercados internacionales, Serra advierte que esta transición no puede hacerse sin contemplar los aspectos medioambientales, sociales y económicos que esto conlleva.
«Convertir este sector en la piedra angular del desarrollo económico del país, también requiere de un análisis del papel que desempeñan sus recursos naturales y sus ecosistemas; de lo contrario existe el riesgo de que los beneficios de la reforma energética se diluyan con el tiempo», indicó.
