Wilmer Pérez recibió un mensaje claro esa mañana a finales de Febrero de 2020. Se le convocaba a una reunión urgente en las oficinas centrales de PRONACA, una empresa de productos de alimentación, ante la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en el Ecuador. Irrumpía la mayor crisis sanitaria global con serios impactos en el sector agrícola, esencial para la seguridad alimentaria regional y mundial.
Pérez, director de ambiente y comunidades de PRONACA, firma con más de 60 años de historia, tenía presente la potencial vulnerabilidad de los 120 centros de operación ubicados en varias zonas del país donde laboran más de 75,000 trabajadores. En ellos, se procesan productos avícolas, porcinos y palmito, y se fabrican embutidos y enlatados.
“Lo más importante es cuidar la salud de nuestros trabajadores ya que también somos un área estratégica de abastecimiento de alimentos del país y debemos mantenernos operativos,” dijo Pérez desde Quito en un foro virtual organizado por BID Invest con expertos, empresas y asociaciones del sector agrícola de América Latina y el Caribe (ALC), para presentar la “Guía para el Sector Agrícola COVID-19: Riesgos y marco de respuesta”.
Como la mayoría de las empresas en el sector agrícola de la región, PRONACA afrontó cambios súbitos en la demanda, interrupciones en la cadena de suministro y la necesidad de asegurar la protección de sus trabajadores.
Es en este contexto que la Guía de BID Invest puede ayudar. Angela Miller, Oficial Principal Ambiental y Social de BID Invest, explicó que la Guía “busca apoyar a nuestros clientes con una herramienta para evaluar el riesgo y tomar decisiones rápidas ante un reto sin precedentes como lo es COVID-19, y así proteger la salud de los trabajadores y mantener activas las operaciones agrícolas.”
La Guía está estructurada en los siguientes pasos: identificar los riesgos en el contexto donde se opera (agrícola, plantas procesadoras, transporte y comunidades); evaluar el manejo del COVID-19 en las operaciones usando un marco de respuesta y gestión y, por último, tomar medidas para atender los riesgos y brechas en el sistema de gestión ambiental y social de cada empresa.
El reto no es menor. En ALC, la agricultura representa 6% del producto interior bruto y emplea cerca del 14% de la fuerza laboral, la mitad mujeres. El porcentaje del empleo se eleva a un 24% si sumamos los trabajadores del resto de la cadena alimenticia. Por tratarse de una actividad intensiva de mano obra, el cuidado de la salud de los trabajadores en este sector es clave. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esta región es el mayor exportador neto de alimentos del mundo, y varios países latinoamericanos están entre los mayores exportadores de numerosos productos agrícolas, incluido el popular maíz.
BID Invest, la institución de apoyo al sector privado del Grupo BID, tiene inversiones en 39 proyectos en el sector agrícola en ALC, por un monto total de créditos por $786 millones, mas $547 millones adicionales en movilizaciones. Brasil, Guatemala y Argentina son los países adonde se ha destinado la mayor parte de esta inversión.
En el foro, Guillermo Foscarini, Jefe de Inversiones en el sector de Agronegocios en BID Invest, señaló que la clave en adelante será “flexibilidad operativa para canalizar la producción a diferentes productos – ya sea congelados, conservas, frescos – flexibilidad en cuanto a mercados y cobertura geográfica, así como en canales de venta incluyendo e-commerce, y flexibilidad financiera para acceder a liquidez que permita a las empresas seguir operando.”
Pérez de PRONACA indicó que el COVID-19 ha colocado las consideraciones sociales a la par de las operativas. Las medidas de distanciamento social y precauciones para limitar contagios fueron prioritarias. Medidas similares se han observado en otras empresas clientes que han recibido financiamiento de BID Invest y que han utilizado la Guía para evaluar riesgos y ajustar sus procedimientos.
“Tenemos que estar preparados porque esto no es una medida provisional”, advirtió en el foro Luis Miguel Serrano, Director General de Operaciones de la empresa agrícola NASE en México. “Entendemos que será más largo de lo que se esperaba. Es algo con lo que estamos aprendiendo a vivir.”
Sobre la autora:
Paula Valencia es oficial ambiental y social de BID Invest, basada en Washington, D.C. Es responsable de evaluar impactos y riesgos ambientales y sociales de las operaciones, proponer medidas de mitigación consistentes con mejores prácticas internacionales, supervisar el desempeño y sostenibilidad de los proyectos, ofrecer asistencia técnica a los clientes y generar productos de conocimiento.
Tiene amplia experiencia en los sectores público y privado de América Latina y el Caribe habiendo trabajado con el Grupo BID por más de 15 años, principalmente en operaciones de intermediación financiera, agricultura, y manufactura. Paula es ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y cuenta con una maestría en ciencias y políticas ambientales de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos).
