La plaza de Ipê, en Brasilia, se ha convertido esta semana en la mayor aldea indígena de Brasil: a partir de este lunes han comenzado a llegar a la capital brasileña líderes y lideresas indígenas de todo el país para asistir al “Campamento de lucha por la vida” (#LutaPelaVida). La convocatoria incluye una intensa agenda de acciones y movilizaciones para frenar los retrocesos socioambientales y la política anti-indígena del gobierno de Bolsonaro.
Una sentencia histórica
Uno de los principales motivos de esta movilización es la esperada sentencia del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la tesis del “marco temporal” de ocupación de las tierras indígenas (Recurso Extraordinario 1.017.365), que sostiene que las comunidades indígenas sólo pueden reclamar el derecho a la tierra -una tierra en la que han vivido y utilizado durante un milenio-, si se encontraban allí el 5 de septiembre de 1988, fecha de la promulgación de la actual Constitución de Brasil.
Esta teoría ignora toda la historia de violencia cometida contra los pueblos indígenas brasileños por las autoridades estatales durante los últimos siglos, que incluye asesinatos, masacres, desalojos forzosos o enfermedades introducidas intencionadamente. Así, legaliza de facto la violencia cometida durante décadas contra los indígenas, no considera momentos históricos como la dictadura militar (cuyas denuncias de violencia contra los indígenas son numerosas y aún se siguen descubriendo) y no tiene en cuenta que, hasta 1988, los pueblos indígenas estaban protegidos por el Estado brasileño y no tenían autonomía para luchar en los tribunales por sus propios derechos.
La tesis del “marco temporal” restringe los derechos constitucionales de las comunidades indígenas y es defendida por la llamada “bancada ruralista”, el lobby político -dentro y fuera del congreso y el senado brasileño- que actúa en favor de los intereses de la agroindustria y de otros sectores interesados en la explotación depredadora de las tierras indígenas, como el maderero o el minero.
Uno de los líderes xokleng, Brasílio Priprá, ha expresado su deseo de que la tesis del marco temporal se supere pronto: “El retraso en la demarcación de las tierras indígenas es muy preocupante. Porque, cuanto más tiempo pasa, más difícil es demarcar la tierra en Brasil. Los indígenas necesitan que se les reconozcan sus derechos originales. Y nos gustaría que las consecuencias generales se valoraran, que estuvieran a favor, que se dejara de hablar de un plazo”.
Repercusión General
La cuestión se planteó a partir del caso del Instituto del Medio Ambiente de Santa Catarina contra el pueblo indígena Xokleng y la Fundación Nacional del Indio (Funai), en relación con una zona reclamada de la Tierra Indígena Ibirama-Laklanõ del pueblo Xokleng. Pero la sentencia de este caso es considerada de “repercusión general”, ya que la decisión será válida para otros casos similares y, por lo tanto, repercutirá en todos los pueblos y tierras indígenas de Brasil.
Si esta tesis es considerada válida por los jueces del Supremo Tribunal Federal, perjudicará enormemente los esfuerzos de demarcación y protección de las Tierras Indígenas en Brasil, y dificultará aún más la vida y la autodeterminación cultural de las comunidades indígenas brasileñas.
Los 115 pueblos aislados de Brasil reconocidos oficialmente hasta el momento se verían inmensamente perjudicados, ya que hasta el día de hoy se ha aplicado una política de no contacto. No es posible saber, por ejemplo, si en 1988 ya ocupaban las tierras en las que viven ahora, ya que son cazadores y recolectores que utilizan áreas forestales muy amplias a lo largo de los años. Además, muchas de las tierras que hoy ocupan, ni siquiera serán reconocidas.
Agenda política y cultural
Además de seguir el juicio, los indígenas van a Brasilia también para luchar contra las principales propuestas legislativas que amenazan la integridad de los bosques y los derechos de los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales que los habitan. Entre estas propuestas se encuentran los proyectos de ley PL 191/2020 (que permite la minería dentro de las tierras indígenas protegidas) y PL 490/2007 (que reduce la protección de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario).
En el campamento se están dando también sesiones plenarias, en las que se discuten asuntos como la presencia de los y las jóvenes en el movimiento indígena; los derechos de las mujeres; el mantenimiento de los territorios y las formas de vida; o la promoción de la participación de los indígenas en las elecciones de 2022. También está prevista una programación cultural que incluye una exposición audiovisual indígena, un momento específico para el chamanismo y otro dedicado a presentaciones y exposiciones de artistas indígenas que visitan el campamento.
Derechos originarios
Carolina Marçal, portavoz de la Campaña para la Amazonía de Greenpeace, ha señalado que es necesario que el Supremo Tribunal Federal reconozca el carácter originario de los derechos indígenas, es decir, que sus derechos son anteriores al propio Estado de Brasil, ya que estas poblaciones ya vivían en sus tierras mucho antes del año 1500 y mucho antes de que se constituyera Brasil en 1822.
“Al rechazar el marco temporal, los jueces sientan las bases para que cientos de conflictos por la tierra terminen y para que los diferentes territorios sean efectivamente reconocidos y demarcados. Si esto no ocurre, las violaciones que se produjeron en el pasado no sólo se legalizarán, sino que también podremos ver en el futuro diversas sentencias anulando demarcaciones, el surgimiento de conflictos en regiones pacificadas y el fomento de un nuevo proceso de invasión de tierras demarcadas. No podemos permitir que eso ocurra”, ha concluido.
Fuente: Greenpeace
