«El fideicomiso que acabamos de establecer es histórico no solo para Ecuador sino para el mundo entero», dijo la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Rebeca Grynspan, tras suscribir con el gobierno de Rafael Correa el acuerdo para no explotar el petróleo del parque nacional Yasuní.
Con la firma del Fideicomiso Yasuní-ITT, Ecuador se comprometió a dejar para siempre bajo tierra los 846 millones de barriles de petróleo conocidos de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, que forman las siglas son ITT, y que representan 20 por ciento de las reservas del país.
El convenio implica que este país recibirá 3.600 millones de dólares, equivalentes a 50 por ciento de los recursos que percibiría en caso de optar por la extracción, que no se tocarán y serán la garantía por si alguna vez se explotan esos hidrocarburos.
Con este propósito se crea un fondo de capital, administrado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), con la participación del Estado, la sociedad civil ecuatoriana y representantes de los contribuyentes.
El proyecto, ideado hace una década por organizaciones ambientalistas, fue propuesto oficialmente por el presidente Correa ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2007.
La iniciativa tuvo un recorrido difícil hasta llegar a puerto, con varias comisiones encargadas, despidos y renuncia de funcionarios, entre ellas la de Fander Falconí a su cargo de canciller.
Este fideicomiso «rompe el paradigma de las relaciones Norte-Sur», añadió Grynspan, pues los países industrializados no son los únicos contribuyentes sino que el principal es el pueblo ecuatoriano que renuncia a explotar sus recursos petroleros en beneficio de un modelo de desarrollo totalmente distinto».
La funcionaria destacó la originalidad de la iniciativa, pues dijo que «hasta ahora solo se conocían mecanismos de mercado para reducir los efectos de gases de efecto invernadero ya emitidos a la atmósfera (contenidos en el Protocolo de Kyoto), «mientras que éste es el primero en el mundo que evitará la emisión de dichos gases, de manera cuantificable y verificable».
Los efectos de esta «novedosa iniciativa» son múltiples, destacó Grynspan, pues no solo se ahorra la emisión al ambiente de más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal contaminante, y, por tanto, apoya la lucha contra el cambio climático, sino que es una muestra de corresponsabilidad social.
En efecto, tal como lo explicaron Grynspan y autoridades ecuatorianas, al declararse intocable la zona se respeta a los pueblos no contactados de las etnias waorani y taromenane, que habitan en el parque nacional.
Los intereses que produzca este fondo, de alrededor de siete por ciento, se invertirán en la conservación del propio parque nacional Yasuní y de otras 43 reservas naturales de Ecuador, además de otros proyectos sociales y energéticos.
Entre ellos, tienen prioridad la salud y educación de las poblaciones de la Amazonia ecuatoriana, zona donde se extrae petróleo desde 1972 a un ritmo que hoy está en 470.000 barriles diarios, creando serios pasivos ambientales.
Aparte, el fondo se invertirá «en proyectos de energía renovable, aprovechando la potencialidad hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar», dijo el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien firmó el fideicomiso.
El gobierno apunta, dijo, a cambiar «la matriz energética» de Ecuador, para «dejar de depender del petróleo».
Se espera que los fondos provengan de países, filántropos, organizaciones no gubernamentales y empresas que quieran donar para mantener ese petróleo bajo tierra, explicó María Fernanda Espinosa, ministra Coordinadora del Patrimonio Cultural y Natural, en una reunión previa con la prensa extranjera.
«El PNUD ha tenido un intenso y fructífero proceso de aprendizaje, y ha modificado sus conceptos tradicionales», reconoció Grynspan.
«Por culpa de Ecuador, el nombre de mi oficina va a cambiar», dijo a IPS el coordinador ejecutivo de la Oficina de Fondos Fiduciarios Multidonantes del PNUD, el economista etíope Bisrat Aklilu.
«No es broma. Estamos pensando en cambiar la palabra donantes por socios», acotó Aklilu, quien maneja más de 30 fondos de capital que sobrepasan los 5.000 millones de dólares.
«Esta es una de las razones de la importancia global de lo que acaba de firmar el PNUD», insistió. «Ecuador nos ha convencido que es el mayor socio del nuevo ‘trust fund’, pues es el que pone mayores recursos, con el sacrificio del pueblo que renuncia a explotar los hidrocarburos. Los demás cooperantes, pongan lo que pongan, siempre serán menores», agregó.
«Nos proponemos que este modelo sea repetido en otras latitudes», dijo el funcionario, que coincidió con el experto principal del proyecto, el ecuatoriano Carlos Larrea, en una conversación con IPS.
«El análisis de la consistencia microeconómica del proyecto demuestra su solidez», aparte de que «abre nuevos campos incluso para la teoría del desarrollo», apuntó.
La iniciativa salva al Yasuní, considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta, que abarca 982.000 hectáreas en la cuenca alta del río Napo, en la Amazonia.
La razón de esta biodiversidad es que el parque Yasuní es parte del Refugio del Pleistoceno Napo, «espacio que mantuvo su humedad durante las alteraciones climáticas del período cuaternario», explican biólogos de la Universidad Católica del Ecuador.
«Las poblaciones indígenas que habitan el parque Yasuní utilizan esa biodiversidad y son sus guardianes», dijo por su parte a IPS Manuela Omari Ima, presidenta de la Asociación de Mujeres Waorani, etnia amazónica que por muchos años fue conocida como «auca» y considerada «salvaje».
Ella y una docena de nativos, incluida la jefa Kawo Boya, quien vive en el propio Yasuní, asistieron a la ceremonia. En sus rostros, pintados de rojo y negro se dibujaba una gran sonrisa. «Este es el proyecto más emblemático del gobierno de la Revolución Ciudadana», reiteró la ministra Espinosa en su discurso durante la ceremonia.
Sin embargo y para sorpresa de muchos, Correa no estuvo presente en el acto, en el que participaron su gabinete ministerial, el cuerpo diplomático extranjero completo y los representantes de todas las agencias de cooperación. El mandatario se hizo representar por el vicepresidente Lenín Moreno.
Una funcionaria gubernamental y ambientalista de larga trayectoria, que no quiso ser identificada por su nombre, comentó a IPS que eso mostraba, una vez más, «el compromiso ambivalente» de Correa con el proyecto, pues no «acaba de asumir lo revolucionario de su propia propuesta».
