Uruguay renueva hasta 2016 la autorización ambiental a UPM

Beltrame firmó el pasado viernes una nueva Autorización Ambiental de Operaciones (AAO) para la empresa finlandesa, ya que la actual vence el próximo lunes.

Uruguay ha renovado hasta el año 2016 la autorización ambiental a la fábrica de celulosa UMP-Botnia, según ha informado este domingo el ministro de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Vivienda, Francisco Beltrame.

   Beltrame firmó el pasado viernes una nueva Autorización Ambiental de Operaciones (AAO) para la empresa finlandesa, ya que la actual vence el próximo lunes. El plazo de vigencia es de tres años, como es habitual, de acuerdo con el diario uruguayo ‘La República’.

   Para ello, el Gobierno habría exigido a UPM-Botnia controlar diariamente la cantidad de fósforo tratada y vertida, adecuar sus instalaciones para evitar que la lluvia arrastre lodos de cal y mantener la temperatura del río Uruguay por debajo de los 30 grados centígrados.

   Beltrame ha explicado que el Gobierno ha decidido renovar la AAO porque la fábrica de celulosa está cumpliendo los requisitos impuestos por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), o al menos haciendo todo lo posible por satisfacerlos.

   «Ya se están adecuando las instalaciones en torno al patio de almacenamiento para evitar el arrastre del lodo de cal. También se está cerca de terminar la remoción de los lodos de cal remanentes en las piletas de ecualización y seguridad», ha detallado.

   La renovación de la AAO podría volver a enfrentar a los gobiernos de José Mujica y Cristina Fernández de Kirchner en torno a UPM-Botnia, ya que, de acuerdo con un tratado bilateral, cualquier decisión sobre la empresa finlandesa debe ser consensuada.

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN

   El conflicto bilateral se reavivó el pasado 27 de septiembre cuando Mujica anunció que su Gobierno autorizaría a la papelera a aumentar su producción a cambio de que UMP-Botnia mejorara el tratamiento de los residuos vertidos al río Uruguay, frontera natural entre ambos países.

   En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Argentina emitió un comunicado recordando la obligación de Uruguay de negociar la medida y advirtiendo de que, en caso contrario, los tratados bilaterales habilitan al Gobierno de Fernández de Kirchner a ir a La Haya.

   «El interés de Botnia-UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni de acuerdos entre naciones hermanas. Con este espíritu de respeto y amistad deben ser tratadas todas las presiones que intente efectuar dicha empresa», subrayó.

   Para evitar una nueva batalla judicial por la papelera, Mujica y Fernández de Kirchner acordaron días después que delegaciones de los dos países se reunieran esta semana en Buenos Aires para resolver esta cuestión a nivel bilateral.

   «Tenemos diferencias, podemos tener discrepancias, pero en definitiva todos los presidentes de la región tenemos que entender que la unidad es el único camino para seguir en paz», dijo la jefa de Estado argentina ante la atenta mirada de su homólogo uruguayo.

   «Estamos en el mismo barco. El río que nos separa, es también el río que no une», aseveró Mujica, recordando que «los pueblos argentino y uruguayo son más que hermanos». «Nacimos de la misma placenta, tenemos un mismo sentir», destacó.

   El diálogo apenas duró 24 horas porque Mujica ratificó su decisión de autorizar un aumento de la producción, aunque solo en 100.000 toneladas, la mitad de lo solicitado, y con la condición de que la temperatura de los vertidos no supere los 30 grados centígrados y de que reduzca la cantidad de fósforo de los mismos.

   En consecuencia, Argentina anunció el pasado 3 de octubre que denunciaría a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su decisión unilateral de aumentar la producción, al considerar que «afecta a su soberanía ambiental» y «viola los tratados bilaterales».

   «Argentina lamenta que los intereses de UPM-Botnia se hayan convertido en un factor determinante en la relación con Uruguay», dijo, reiterando que, tanto en este caso como en el de los «fondos buitre», el país «impedirá ser doblegado por una empresa multinacional».

   La denuncia argentina todavía no ha llegado a La Haya porque Mujica ha reiterado su deseo de dialogar con el país vecino, aunque ha aplazado ‘sine die’ las negociaciones a la espera de que Fernández de Kirchner se recupere de la intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado 8 de octubre por un hematoma craneal.

EL FALLO DE LA CIJ

   El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.

   El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación «sonora y visual», sus «malos olores» y su impacto sobre el turismo.

   La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que «no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento» de UPM-Botnia porque «la contaminación no puede probarse» al no haber una «relación directa» entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.

   A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son «insignificantes», si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.

   No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.

   «Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación», sentenció.

   Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el «aprovechamiento racional» del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover «el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños».

   «Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma», concluyó.

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