Al menos 211 indígenas fueron asesinados en Brasil en 2024, tres más que los reportados el año anterior, según un informe divulgado este lunes por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) con base en datos oficiales. Uno de los casos más impactantes fue el homicidio de la líder indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, conocida como Nega Pataxó, en el municipio de Potiraguá, en el estado de Bahía, el 21 de enero de 2024, de acuerdo con el estudio.
Cerca de 200 agricultores irrumpieron a tiros en la hacienda Inhuma, que estaba siendo ocupada por el pueblo indígena Pataxó y Pataxó Hã-Hã-Hãe, causando la muerte de la líder y heridas en varios indígenas. También se registraron 230 invasiones en reservas indígenas en Brasil en 2024, lo que representa un 16,7 % menos con respecto al año anterior.
De acuerdo con el informe «Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil», 159 tierras indígenas de 21 de los 27 estados del país sufrieron algún caso de invasión de tierras, explotación ilegal de recursos o daños al patrimonio. El 61 % de los casos registrados fueron sobre territorios debidamente demarcados y registrados.
Y, en su mayoría, los terrenos sufrieron incendios y las invasiones acarrearon la extracción ilegal de recursos naturales y el uso ilegal de las tierras para actividades agropecuarias. Esto demuestra «las dificultades» del Estado brasileño de «proteger las tierras indígenas y garantizar el usufructo exclusivo de los pueblos originarios sobre sus territorios», detalla el informe elaborado por esta organización vinculada con la Iglesia Católica.
El 2024 estuvo marcado por una gran cantidad de manifestaciones de agrupaciones indígenas solicitando que se derogue la ley conocida como Marco Temporal, que fue aprobada en diciembre de 2023 y abona una polémica tesis jurídica que limita los derechos de los pueblos originarios a aquellas tierras que efectivamente ocupaban al 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución.
El principal argumento en contra de la legislación gira en torno a que desconoce los derechos ancestrales de los indígenas sobre territorios de los que fueron expulsados en forma violenta, tanto durante la colonización portuguesa o, como ocurre hasta hoy, por terratenientes. Según el informe, «una de las principales consecuencias de la promulgación» de esta ley es el «estancamiento casi total de los procesos de demarcación en curso».
Y afirma que la ley «sustentó e incentivó» todas las formas de violencia contra los pueblos indígenas de Brasil y, por eso, «la declaración de su inconstitucionalidad es un imperativo legal, constitucional, ético y moral que no puede ser aplazado más».
El secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, el obispo Ricardo Hoepers, dijo en rueda de prensa que el informe «es un grito por la vida, por la justicia, por la dignidad». Y confesó que espera que «sirva como instrumento para transformar realidades, sensibilizar conciencias y para presionar a los poderes públicos a asumir su responsabilidad histórica con los pueblos originarios».
Producto del estancamiento en los procesos administrativos de demarcación a causa de la nueva ley, «muchas comunidades decidieron retomar y reocupar parte de sus tierras», lo que produjo una serie de reacciones violentas por parte de latifundistas. Asimismo, «las tierras indígenas, incluso las ya regularizadas, registraron invasiones y presiones por parte de especuladores, ganaderos, cazadores, madereros y mineros, entre otros invasores, que se sintieron alentados por el contexto de desajuste de los derechos territoriales», aclara el estudio.
Es por todo ello que la sociedad brasileña y la comunidad internacional deben llevar a cabo una llamada a la acción inmediata para detener estos crímenes y garantizar justicia para las comunidades afectadas y para estos indígenas que las integran. EFE / ECOticias.com
