Los ecologistas no han tardado en lanzar sus voces en contra de un proyecto de ley polémico que el Congreso de Brasil aprobó en la madrugada del jueves. Una norma que, para estos activistas, no hará sino flexibilizar las normas de licenciamiento ambiental para todas aquellas actividades productivas que se quieran llevar a cabo en suelo brasileño.
Esta ley, a la que estos ecologistas se refieren como la «PL de la devastación», contó en su votación con 267 diputados a favor y 116 en contra.
Se da la circunstancia de que esta ley se acaba de aprobar en un país como Brasil donde en apenas unos meses, en noviembre, tendrá lugar en la ciudad de Belém la cumbre mundial del clima (COP30).
Una ley a «favor de la devastación» que simplifica el obtener permisos ambientales para llevar a cabo acciones productivas
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este jueves un polémico proyecto de ley que flexibiliza las normas de licenciamiento ambiental, en medio de duras críticas por parte de las organizaciones ecologistas.
El texto, bautizado como «PL de la devastación» por sus detractores, recibió anteriormente el aval del Senado y ahora solo depende de la sanción por parte del presidente de la República, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva. El visto bueno al proyecto, que obtuvo 267 votos favorables frente a 116 contrarios, se produce a pocos meses de la cumbre mundial del clima (COP30), que se celebrará en noviembre próximo en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña.
La votación en la Cámara Baja, dominada por fuerzas conservadoras, empezó minutos antes de la medianoche y concluyó, tras el rechazo de todas las enmiendas, sobre las 03.30 de este jueves (06.30 GMT), con un pleno prácticamente vacío, ya que buena parte de los diputados estaban conectados de forma telemática.
La iniciativa, que se venía discutiendo en el Parlamento desde 2004, simplifica los procedimientos para obtener los permisos ambientales necesarios para poner en marcha ciertas actividades productivas en el país. Entre los puntos más controvertidos está la creación de la Licencia Ambiental Especial, que posibilita saltarse etapas y un análisis prioritario si así lo considera el Poder Ejecutivo, y de la Licencia Ambiental por Adhesión o Compromiso, basada apenas en la autodeclaración del inversor.
Uno de los grandes valedores del proyecto es el sector agropecuario, que tiene una fuerte influencia en el Congreso y considera que la medida legislativa ayudará a «destrabar» Brasil y «modernizar» las infraestructuras del país.
Los partidos progresistas intentaron sin éxito suspender la votación y archivar la propuesta entre proclamas que alertaron del «mayor retroceso de la historia del licenciamiento ambiental» brasileño y de su carácter inconstitucional. «¿Vamos a votar esto en el último suspiro, con votación virtual y el pleno vacío? ¡Qué vergüenza!», exclamó la diputada Duda Salabert, del Partido Democrático Laborista.
Su colega Célia Xakriabá, primera diputada federal indígena por el estado de Minas Gerais y quien protagonizó un fuerte encontronazo con diputados conservadores, advirtió que «el dinero no va a sustituir a los bosques» y tachó al Parlamento de «machista, racista y colonial». Por el contrario, Zé Vitor, del Partido Liberal, formación que lidera el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, defendió que el proyecto «da garantías a los emprendedores». «No hay espacio para burocracias y cuestiones ideológicas y subjetivas», sostuvo.
En la misma línea, Marcel van Hattem, del derechista Novo, dijo que asegura el desarrollo económico, pues «una ley que no se moderniza retrasa al país». Sin embargo, para Gabriela Nepomuceno, especialista en Políticas Públicas de Greenpeace Brasil, el Parlamento dio su aval a que «grandes empresas ligadas al agronegocio y la industria se autodeclaren aptas para construir sin inspección previa, sin fiscalización y sin escuchar a las poblaciones afectadas».
Si el presidente Lula decidiera vetar el proyecto, el Congreso aún tendría la potestad de anular ese veto con mayoría absoluta, es decir, con los votos de al menos 257 diputados y 41 senadores, tras lo cual el texto sería promulgado, lo que no impediría que sea recurrido por vía judicial. EFE / ECOticias.com
