La aprobación de una nueva ley de licenciamiento ambiental ha generado una profunda preocupación entre organizaciones ecologistas, científicos y comunidades indígenas, quienes advierten que la norma podría desarmar los mecanismos de defensa de la Amazonia.
Esta región, considerada uno de los principales pulmones del planeta y un punto clave para la regulación climática global, depende en gran medida de marcos legales estrictos que controlen las actividades productivas capaces de causar deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad.
Sin embargo, la nueva legislación de licenciamiento introduce flexibilidades que, según sus críticos, facilitan la expansión de proyectos de infraestructura, minería y agroindustria sin contar con evaluaciones ambientales exhaustivas.
Uno de los aspectos más polémicos es la simplificación de los procedimientos de evaluación, que permite que determinados emprendimientos reciban autorizaciones rápidas o incluso prescindan de estudios de impacto cuando se consideran de “bajo riesgo”.
La ley de licenciamiento ambiental desata una batalla judicial
Organizaciones Ambientalistas anunciaron este jueves que acudirán a la Justicia contra la decisión del Parlamento brasileño de derrumbar la mayoría de los vetos que había impuesto el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a un polémico proyecto ambiental.
La medida, aprobada este jueves, reconstruye al que han denominado el «PL (proyecto de ley) de la Devastación» y que es considerado por gran parte de los defensores del medio ambiente como «el mayor retroceso legislativo ambiental» desde 1981, según el Observatorio de Clima, que reúne 161 organizaciones de la sociedad civil.
Para esta red, la nueva Ley de Licenciamiento Ambiental, además de «inconstitucional», expone a la población a «riesgos de salud y seguridad, abre la puerta a una destrucción masiva de los ecosistemas y compromete las metas climáticas de Brasil».
La decisión ocurre apenas una semana después de que Brasil fuera sede de la cumbre climática de las Naciones Unidas (COP30), donde el país se comprometió a trazar rutas para eliminar la deforestación y reducir el uso de combustibles fósiles.
Sobre la decisión del Parlamento, Greenpeace Brasil calificó la medida de «escandalosa» y advirtió que facilitará la expansión de la minería y la agroindustria en la Amazonía, con riesgos de sequías, incendios, contaminación de aguas y desplazamiento de comunidades indígenas y tradicionales.
Los defensores de la ley argumentan que el nuevo marco busca agilizar inversiones, reducir la burocracia y estimular el desarrollo económico, especialmente en regiones con bajo índice de crecimiento.
El director en Brasil de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, también criticó la votación, señalando que el Congreso «optó por la devastación» y no aprendió de tragedias como las de Mariana y Brumadinho, en las que colapsos de represas mineras acabaron con cientos de vidas y afectaron gravemente el medio ambiente.
Entre los artículos rescatados por los congresistas está el que crea la llamada Licencia por Adhesión y Compromiso de Proyectos de Infraestructura, que permite que muchos proyectos considerados de impacto ambiental medio no necesiten pasar por un proceso completo de análisis y aprobación de las autoridades.
El autolicenciamiento facilita proyectos de alto impacto ecológico
En lugar de eso, se podrán habilitar de forma automática mediante un sistema de «autolicenciamiento», en el que la empresa o el responsable del proyecto declara cumplir los requisitos y recibe la autorización casi de inmediato.
Asimismo se reincorporó un artículo que permite a estados y municipios definir sus propios criterios de licenciamiento ambiental, lo que, según el Ejecutivo, puede generar reglas dispares y una competencia para flexibilizar exigencias con el fin de atraer inversiones.
Esta región, considerada uno de los principales pulmones del planeta y un punto clave para la regulación climática global, depende en gran medida de marcos legales estrictos que controlen las actividades productivas capaces de causar deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad.
También se eliminó el veto a una propuesta que exime de licencias los proyectos de plantas de tratamiento de aguas, incluso residuales, hasta que el país alcance la meta de universalizar el saneamiento básico.
Brasil se aleja de sus compromisos climáticos tras la COP30
Los defensores de la ley de licenciamiento argumentan que el nuevo marco busca agilizar inversiones, reducir la burocracia y estimular el desarrollo económico, especialmente en regiones con bajo índice de crecimiento. No obstante, las organizaciones ambientales sostienen que esta perspectiva ignora el valor estratégico de la Amazonia y su vulnerabilidad ante la explotación descontrolada.
Alertan que relajar los controles ambientales puede intensificar la deforestación y comprometer los compromisos nacionales e internacionales de protección climática. El debate continúa abierto, pero el riesgo es evidente: sin salvaguardias robustas, la Amazonia podría quedar cada vez más expuesta a presiones productivas que amenazan su integridad ecológica y el equilibrio climático global. Seguir leyendo en ECOticias.com / EFE
