La Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) ha acusado al gobierno de México de “ocultar” la dimensión real de los yacimientos de gas que requieren técnicas de extracción mediante fracturación hidráulica (fracking).
Según la organización, estos yacimientos están contemplados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026) pero sin transparencia suficiente sobre el monto de los recursos asignados y sin aclarar cuáles programas exactamente los emplearán.
Desde la perspectiva de la ONG, esta situación representa una contradicción grave entre la política energética oficial y la realidad presupuestaria del sector hidrocarburos.
Opacidad en los yacimientos de gas que requieren técnicas de fracturación hidráulica
Al menos ocho programas de exploración y extracción de gas en yacimientos no convencionales que requieren de la práctica del «fracking» (fractura hidráulica) están incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, pero con un presupuesto opaco, denunció este martes la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF).
La alianza destacó en un comunicado que el PPEF 2026 en el sector hidrocarburos «muestra un retroceso significativo en transparencia».
La ONG explicó que este año «la opacidad» se ha vuelto «el distintivo para el sector hidrocarburos», cuyo recurso asignado a la empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), «no se encuentra desglosado ni se han publicado los montos que corresponden a los programas presupuestarios relevantes».
Precisó que de los 517.362 millones de pesos (unos 28.056 millones de dólares) de «gasto programable» propuesto para 2026 para Pemex, «hasta la fecha no se cuenta con el desglose de los montos que se destinarán para los programas y proyectos de inversión del sector hidrocarburos».
Particularmente, señaló, no hay datos de los proyectos relacionados con extracción de gas en yacimientos no convencionales, hoy llamados ‘yacimientos de geología compleja’, según el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035.
Advirtió que estos hechos muestran «una notoria falta de claridad, así como una fuerte contradicción entre la política energética y la narrativa oficial de la agenda climática y ambiental».
Detalló que al analizar los proyectos considerados en el PPEF 2026, la ONG identificó «al menos ocho programas que históricamente asignan recursos a proyectos de exploración y extracción de gas en yacimientos no convencionales mediante la fractura hidráulica», con una asignación total de 245.269 millones de pesos (unos 13.300 millones de dólares).
«En otras palabras, sí hay presupuesto para proyectos de extracción de gas fósil, pero no hay transparencia para identificar de cuánto dinero dispondrá cada uno», expuso.
Ante ello, la alianza consideró necesario «romper con la narrativa de considerar al gas como ‘combustible de transición’«, y dijo que el Gobierno mexicano «debe responder a los compromisos de prohibición del ‘fracking’, en cualquiera de sus acepciones, y transitar hacia una política energética de eficiencia y reducción en el consumo energético».
La AMCF avisó que la técnica para la extracción de gas fósil, fracturación hidráulica, estimulación o extracción en yacimientos de geología compleja, como se le ha denominado en la administración (2024-2030), representa una serie de riesgos para la salud humana y ambiental.
Además, dijo que se ha documentado ampliamente cómo “la exposición constante a los contaminantes que se liberan al usar esta técnica (metales pesados, hidrocarburos aromáticos, partículas finas, sustancias radioactivas y disruptores endócrinos) tiene una relación estrecha con malformaciones congénitas en neonatos, abortos espontáneos, cáncer, daños neurológicos y enfermedades respiratorias crónicas, incluso a bajas dosis y en poblaciones alejadas de los pozos”.
A estos efectos se suman los impactos irreversibles en la contaminación de acuíferos y en la falta de disponibilidad hídrica para consumo humano debido a las grandes cantidades de agua con diversas sustancias químicas que se requiere para romper la roca y extraer el gas.
«Lo cual no solo evidencia la profunda contradicción con cualquier idea de ‘sustentabilidad energética’, sino que compromete directamente la salud y la vida de las personas en los territorios donde esta técnica se pretende realizar», finalizó.
En resumen, la AMCF exige que el Gobierno de México aclare públicamente los presupuestos reales y los programas específicos que están movilizando para fracking, y que se alinee su política energética con los compromisos de prohibición o restricción de esta técnica, tal como habían sido anunciados en administraciones previas.
Solo con transparencia y rendición de cuentas se podrá evaluar si realmente existe una apuesta ambiental y de salud pública detrás de la política energética oficial. EFE / ECOticias.com
