De acuerdo a la ley peruana, los ecosistemas frágiles gozan de medidas adicionales para su conservación y uso sostenible por las características y recursos singulares que conservan como la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida y claves para la adaptación al cambio climático.
Por su condición de fragilidad, estos espacios ―entre los que se encuentran los humedales, lomas y bofedales― son altamente vulnerables ante actividades que se desarrollan en ellos o en su entorno, como las invasiones o la extracción ilegal de recursos.
Ante los graves problemas que enfrenta el país a causa de la minería ilegal, la deforestación y las amenazas a la biodiversidad las autoridades tienen planificado poner en funcionamiento una gestión de estos espacios que resulte resiliente e integral.
Ecosistemas Frágiles (EF): vitales y necesarios
Las autoridades de Perú buscan proteger el 100 % de las áreas del país declaradas como Ecosistema Frágil (EF), mediante un ‘modelo de gestión integral’ que permita la participación activa de gobiernos regionales y locales, comunidades indígenas y productores organizados, según han informado este viernes fuentes oficiales.
Con ese objetivo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) ha indicado que reforzará una estrategia de gestión que permitirá entregar uno o varios títulos, autorizaciones y permisos «compatibles con la conservación de estos ecosistemas».
También impulsará la gestión financiera para su administración, donde los gobiernos regionales y locales, en coordinación con las comunidades y otros actores, pueden acceder a recursos públicos o a mecanismos de financiación basados en servicios como bonos de carbono y a otros programa de incentivos.
El Serfor detalla que los Ecosistema Frágil son áreas de alto valor de conservación de la biodiversidad, ya que albergan una gran riqueza en especies de flora y fauna silvestre, entre ellas amenazadas y endémicas, con hábitats en buen estado de conservación.
Proteger la biodiversidad
En ese sentido, se encuentran en la misma categoría de conservación que las áreas naturales protegidas y están restringidas al otorgamiento de concesiones mineras, con una consideración especial en las restricciones de uso en diversos sectores del Estado, por lo que su creación «es relevante para el país».
Sin embargo, a diferencia de las Áreas de Conservación Regional (ACR) que son administradas solo por los gobiernos regionales, son administrados y gestionados por poblaciones, gobiernos regionales y locales, ONG y privados, mediante mecanismos que comprenden desde las concesiones de conservación, el ecoturismo, aprovechamientos no maderables y bosques locales.
También se pueden otorgar otros permisos y autorizaciones compatibles con la conservación de los ecosistemas, para lo que se cuenta con un protocolo de actuación «que establece una ruta clara y precisa» de los roles y competencias en su gestión y protección, con el objetivo de prevenir y hacer frente a actividades ilegales o informales.
El Serfor agrega que ha gestionado su registro provisional en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (Sinabip) y está en proceso ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). EFE / ECOticias.com
