El proyecto minero de Loma Larga tiene la intención de extraer fundamentalmente oro y cobre aplicando técnicas de explotación subterránea en el páramo de Quimsacocha, en Ecuador, durante un periodo de 16 años. La tasa de extracción es de 3000 toneladas diarias lo que implica más de 14 millones de toneladas cuando finalice el proyecto.
Gran parte de los residuos que se generará tras la excavación se dispondrán de nuevo en el subsuelo llenando las galerías y túneles, pero más de 5,5 millones de toneladas de relave, quedarán dispuestos en el territorio para siempre. Los vecinos se oponen terminantemente a este proyecto.
El sábado 11 de enero de 2025, el gobierno ecuatoriano intentó hacer una consulta para dar paso al proyecto minero Loma Larga en una zona alejada de las poblaciones de influencia directa y con alrededor de 180 policías y militares armados. “Intentaron realizarla de una manera fraudulenta”, asegura Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).
Estos páramos son considerados zonas de importancia hídrica, pues aquí nacen cinco ríos de los que se abastecen alrededor de 135 000 personas del cantón Cuenca y riegan alrededor de 2000 hectáreas de producción agrícola, ganadera y lechera, según información recabada por Paola Ortiz, experta en cartografía para el manejo de recursos hídricos y parte del Cabildo por el Agua de Cuenca, con base en un informe de 2024 realizado por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental de Cuenca (ETAPA).
Un ‘intento’ de consulta
El Ministerio de Energía y Minas junto al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) pretendieron realizar la consulta previa, libre e informada, un derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas para decidir sobre los proyectos que afectan a sus territorios. Estaba dirigida a los pobladores de la comunidad San Pedro de Escaleras, la única de todas las comunidades de influencia directa del proyecto reconocida como indígena.
Sigcha señala que no hubo una difusión adecuada, por lo que apenas unas 20 personas llegaron al Templete de Tarqui, el sitio donde se pretendía realizar la consulta. También critica que no se haya realizado directamente en la Comunidad San Pedro de Escaleras.
Habitantes de esa comunidad advirtieron sobre este intento a líderes y lideresas de las otras comunidades afectadas. Ese mismo día, unas 200 personas de la Junta de Agua de Victoria del Portete y Tarqui, dos parroquias del cantón Cuenca, tenían planificado sembrar 1000 plantas en Quimsacocha. “Gracias a que estábamos organizados para ese evento, pudimos detener el paso de ellos”, cuenta Sigcha.
La Cámara de Minería del Ecuador dijo en un comunicadoque el proceso fue suspendido “debido a actos de violencia e intimidación verbal”. Sigcha reconoce que hubo un enfrentamiento verbal, pero descarta que haya habido violencia. En redes sociales circularon videos de los pobladores cantando en contra de la minería. Sin embargo, no hubo registros de enfrentamientos.
Autoridades enfrentadas
“Nuestro rechazo es a la forma en la que quieren hacer las consultas”, asegura el líder. Cuenta que el 31 de octubre de 2024, en pleno feriado por el Día de los Difuntos, ambos ministerios hicieron la consulta ambiental, un derecho de todos los ciudadanos a participar en las decisiones con impacto ambiental. Sin embargo, ni Rómulo Guzmán, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Victoria del Portete, sabía que se realizaría la consulta, según reportó un medio local.
“Estas acciones son un fraude para ver si cumplen las resoluciones de la sentencia”, dice Sigcha. Se refiere a una sentencia de 2022 en la que se ordenó, entre otros, que se realicen la consulta ambiental y la consulta previa, libre e informada. David Fajardo, abogado ecologista y parte del Cabildo por el Agua de Cuenca, explica que esa decisión entró en conflicto con el resultado de dos consultas populares de años pasados que prohibieron la minería metálica en Cuenca y Girón. La consulta popular es un mecanismo de democracia directa, de cumplimiento obligatorio e inmediato.
“Nosotros tenemos una posición clarita: las zonas de recarga hídrica y los páramos no nos van a venir a tocar”, dijo Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, en un video publicado en sus redes sociales. Además, recordó que la ciudad acaba de pasar “la sequía más larga de la historia”, por lo que el cuidado de los páramos, que son colchones de agua, es fundamental.
El alcalde también rechazó el intento de consulta del 11 de enero a través de su cuenta de X. “No me diga que usted también está a favor de la minería ilegal”, respondió Inés Manzano, ministra de Ambiente y ministra encargada de Energía y Minas.
El conflicto entre consultas
Para entender el caso hay que volver a 2019, cuando en el cantón Girón se realizó una consulta popular para que sus habitantes decidieran si estaban de acuerdo con que se realice minería en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha. Ganó el “no” a la minería con el 86.79 %.
Este proyecto también está en el cantón Cuenca, cuyos habitantes siguieron los pasos de Girón. En febrero de 2021, se realizó una consulta popular en la que se preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo con el cese de las actividades mineras en la zona de recarga hídrica de los ríos Yanuncay, Tarqui, Tomebamba, Machángara y Norcay. Ganó el “sí” al cese con más del 80 % de votos a favor.
A pesar de estos resultados, el proyecto avanzaba. Dundee Precious Metals presentó el Estudio de Impacto Ambiental en abril de 2021, de acuerdo con Ortiz. Con este requisito, se alistaba para conseguir la licencia ambiental que le permitiría arrancar la fase de explotación.
Entonces, en 2022 se planteó una acción de protección –un mecanismo de amparo directo de los derechos reconocidos en la Constitución– en contra del Estado ecuatoriano y la empresa minera por la vulneración al derecho a la consulta ambiental y a la consulta previa, libre e informada.
“Los jueces de la Corte Provincial del Azuay no dicen nada al respecto de las consultas populares, sino que resuelven el caso específicamente al respecto de la consulta ambiental y la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas. Y ahí es donde surge este conflicto”, explica.
Consultas sin garantías
Para el abogado, el Gobierno desarrolló las consultas sin contemplar lo que la Corte Constitucional (CC) ha dicho al respecto. Explica que debido a que no hay normativa para aplicar ninguna de las dos consultas, la Corte permitió la aplicación de la consulta ambiental mediante el decreto 754 emitido por el presidente Guillermo Lasso hasta que la Asamblea Nacional elabore el reglamento.
Para ello, se debe contemplar una serie de garantías, por ejemplo, “consultar no solo a las zonas de influencia directa, sino también a las zonas de influencia indirecta”, dice Fajardo. Al menos 135 000 personas toman agua proveniente de los páramos de Quimsacocha, dice Ortiz.
Aunque la CC dio paso a la consulta ambiental, no hizo lo mismo con la consulta previa, libre e informada. Esta no puede realizarse “porque la Corte Constitucional establece que podrá hacerse únicamente cuando se cuente con una ley orgánica que expresamente regule esta consulta”, dice el experto. “Sea cual sea el resultado de las consultas previas que haga el Gobierno en el marco de lo ordenado en la sentencia, ninguna está por encima de lo ya decidido en las consultas populares de Cuenca y de Girón”, asegura Fajardo.
Agua en jaque
En la sentencia de 2022, el juzgado también ordenó que el Ministerio del Ambiente y ETAPA hagan un estudio sobre los impactos a las condiciones hídricas y ecológicas de los páramos de Quimsacocha. No obstante, “según lo que indica ETAPA, el Ministerio de Ambiente estuvo cerrado a la participación de la empresa pública”, de acuerdo con Fajardo.
ETAPA continuó con el trabajo de manera independiente. El 22 de agosto de 2024 presentó un informe en el que concluye que “la fase de explotación minera del proyecto Loma Larga no es viable”. Ortiz explica que ETAPA no se limitó a analizar el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, que es lo que dictaminó el juzgado. “Hace una delimitación real del área de influencia directa, cuestionando el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa”, dice.
La declaratoria de inviabilidad se debe a que los ríos Irquis, Portete, Tarqui y Yanuncay, que nacen en los páramos de Quimsacocha, proveen a los sistemas de abastecimiento de agua potable, riego y abrevadero de Cuenca. “Sus captaciones se encuentran debajo del proyecto minero, con un alto riesgo de ser contaminadas con drenaje ácido y metales pesados que se generarían en la fase de explotación”, se lee en el documento.
Los informas son claros: hay riesgos
Las conclusiones del informe arrancan por señalar que la explotación minera “es incompatible con la fragilidad del ecosistema de páramo”, por ser susceptible a cualquier cambio. Además, alerta que la empresa descargará agua recirculada durante sus actividades en una quebrada cercana, lo que implica el riesgo de contaminación hídrica.
El informe también muestra que la definición del área geográfica de impacto por parte de Dundee Precious Metals no incluye los riesgos que pueden enfrentar zonas aledañas. Asimismo, se aborda la falta de un diseño técnico sólido de la planta de tratamiento de aguas residuales y de la relavera, lo que incrementa los riesgos de fallos estructurales y contaminación masiva en caso de accidentes.
Los hallazgos del informe evidencian “la falta de transparencia, información acomodada artificiosamente y manipulada, estudios inadecuados e incompletos, estudios no actualizados”, se lee en la última página del documento.
María Luisa Cruz, viceministra del Agua, desestimó el trabajo realizado por ETAPA durante una entrevista en una televisora local. El informe “carece de tecnicismo, de profundidad y, sobre todo, no cuenta con todos los elementos”, dijo. Mongabay Latam solicitó información y entrevistas al MAATE, al Ministerio de Energía, a Dundee Precious Metals y a ETAPA, pero no fueron concedidas.
El Estado de Ecuador en el bando de la minería
El abogado Fajardo cuenta que la Procuraduría General del Estado “amenazó con denunciar penalmente a las autoridades de ETAPA por arrogarse funciones”. Esto se habría realizado a través de un documento entregado al juzgado provincial. “Es todo el Gobierno moviendo su institucionalidad a favor de los intereses mineros”, asegura.
Sigcha confirma que los colectivos que defienden el agua están sometidos a un “enfrentamiento permanente, ahora con más intensidad”. Dice que permanecen en vigilia, haciendo recorridos en el territorio y las comunidades. También están realizando plantones, ruedas de prensa, asambleas por el agua, entre otras actividades.
Además, el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento de las consultas populares. “Estamos por pedir medidas cautelares a la CIDH para que se paren las acciones de la minera. Ya vemos que aquí el Estado no está con nosotros, más bien son nuestros adversarios”, dice Sigcha.
Fajardo advierte que los procesos en el Sistema Interamericano son “muy largos”, pero asegura que están “convencidos de que la Comisión se pronunciará a favor del respeto y de la garantía de nuestros derechos políticos”. Ana Cristina Alvarado – Mongabay.
