Colombia acaba de cerrar una de sus elecciones presidenciales más ajustadas y el resultado abre una pregunta enorme para el medio ambiente. Abelardo de la Espriella se impone en el recuento frente a Iván Cepeda por menos de un punto, mientras la Registraduría ha informado de una coincidencia del 99,997 % entre el preconteo y el escrutinio. No es poca cosa en un país tan dividido.
La conclusión ambiental es clara. La Amazonía colombiana, la transición energética, la minería ilegal y los derechos de las comunidades pasan a una nueva etapa política. Colombia tiene por ley el objetivo de reducir sus emisiones un 51 % para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050, pero la nueva agenda apunta a reactivar petróleo, gas y “fracking”. Ahí empieza el pulso.
La Amazonía no espera
La selva no vota, pero su futuro sí quedó dentro de las urnas. Colombia registró en 2024 unas 113 608 hectáreas deforestadas, la segunda cifra más baja desde que se mide este problema en el país. Aun así, el propio Gobierno reconoció que la deforestación persiste y que la Amazonía es el territorio más afectado.
El foco está en departamentos como Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, claves para mantener conectados los ecosistemas andinos y amazónicos. Allí se mezclan la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras, las carreteras ilegales, los cultivos ilícitos, la tala y la minería ilegal. Sobre el mapa parecen manchas verdes y marrones. En la vida real son ríos, comunidades y animales perdiendo espacio.
Por eso la elección no se queda en Bogotá. Cada licencia, cada carretera y cada operación contra grupos armados puede terminar cambiando el bosque. Y eso se nota.
El petróleo vuelve al centro
De la Espriella ha defendido la firma de nuevos contratos petroleros, la reactivación de la exploración y producción de hidrocarburos y la apertura al “fracking”. Su programa sitúa la soberanía energética por encima de la transición verde, según el resumen de sus propuestas publicado durante la campaña.
El problema es que esa hoja de ruta choca con una zona especialmente sensible. Un informe de IISD, Earth Insight y OPIAC advierte de que la expansión de petróleo y gas en la Amazonía colombiana amenaza a pueblos indígenas, comunidades locales, biodiversidad y sumideros de carbono. La misma investigación recomienda retirar de forma permanente los bloques no asignados.
En los últimos días de campaña, el equipo de De la Espriella intentó matizar el mensaje con un plan ambiental centrado en agua, biodiversidad y comunidades. También habló de estándares técnicos más exigentes. Pero una cosa es prometer control y otra muy distinta es demostrarlo en territorios donde el Estado llega tarde o llega poco.
Lo que cambia frente a Cepeda
Cepeda representaba la continuidad del Pacto Histórico y una mirada más cercana a la bioeconomía, las energías renovables y el reconocimiento de los pueblos indígenas como autoridades en la defensa ambiental. Su plataforma hablaba de transición energética, servicios ecosistémicos y comunidades energéticas. Es decir, que la energía no se quede solo en grandes proyectos, sino que también llegue al barrio, al colegio y a la vivienda.
La diferencia no es solo técnica. Cambia la forma de mirar el campo. Cepeda ponía el acento en reforma agraria, protección territorial y economía comunitaria. De la Espriella lo pone en seguridad, crecimiento, empresa privada y aprovechamiento de recursos naturales.
¿Qué significa esto para una familia que vive cerca de la selva? Puede significar más presencia militar, más presión sobre licencias o más dudas sobre quién decide en el territorio. También puede significar oportunidades si se controlan las economías ilegales y se abre empleo rural real. La clave está en el cómo.
Seguridad y bosque
La seguridad fue uno de los grandes motores de la elección. Reuters señaló antes de la segunda vuelta que los grupos armados se habían expandido y que el debate enfrentaba dos respuestas muy distintas, una más militar y otra más basada en diálogo y reformas.
Pero el bosque no se protege solo con soldados. Organizaciones indígenas de la Amazonía han advertido ante la ONU de que la minería ilegal, el narcotráfico y la tala están impulsando violencia y destrucción ambiental, pero también han pedido evitar respuestas puramente militarizadas. Su temor es sencillo de entender. Cuando la selva se convierte en un campo de guerra, las comunidades suelen quedar en medio.
La salida más sólida combina inteligencia, justicia, control financiero, alternativas económicas y protección de líderes locales. Si no se corta el negocio ilegal, el daño se mueve de un río a otro. Como quien cambia una fuga de sitio sin arreglar la tubería.
El reto climático
Colombia no parte de cero. La OCDE recuerda que el país tiene compromisos fuertes, pero que cumplirlos exige reducir de verdad las emisiones de la deforestación, la agricultura y el transporte. También pide cuidar la inversión climática y evitar que los combustibles fósiles sigan pesando más que la transición limpia.
En la práctica, el nuevo Gobierno tendrá que explicar cómo encaja una expansión petrolera con esos objetivos. No basta con decir que habrá tecnología y controles. Harán falta datos, vigilancia independiente, consulta real y límites claros en zonas protegidas, páramos y territorios indígenas.
También está la factura cotidiana. Más calor, agua más escasa, alimentos más caros y apagones no son debates lejanos. Son problemas que llegan a la nevera, al recibo de la luz y al trabajo de la gente.
La prueba empieza ahora
De la Espriella llega con fuerza política, pero no con un cheque en blanco. El margen ajustado muestra un país partido casi por la mitad y eso obligará a negociar. En medio de esa tensión, la Amazonía puede quedar como moneda de cambio o convertirse en una prioridad nacional.
La pregunta de fondo no es si Colombia puede crecer. Claro que puede. La pregunta es si lo hará quemando sus bosques o usando su riqueza natural como base de una economía más estable. Porque una selva destruida también pasa factura. Y suele ser muy cara.
El comunicado oficial sobre la coincidencia del 99,997 % entre el preconteo y el escrutinio ha sido publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.
