En Perú, a principios de octubre hubo un derrame de petróleo en el río Pastaza, por culpa del cual 40 barriles de petróleo cayeron a las aguas. Pero lo preocupante es que según los estudios realizados, en un tramo de entre 1 y 13 kilómetros de esta corriente fluvial hay 69 puntos de contaminación por hidrocarburos.
Una vez más el río se manchó de negro. El 3 de octubre de 2024, un derrame de petróleo ocurrido a la altura del kilómetro 11 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, en la región Loreto, en Perú, tiñó las aguas del río Pastaza, un afluente del río Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador. El derrame ha afectado a 11 comunidades de los pueblos achuar y kichwa del distrito de Andoas.
El reporte inicial de Petroperú —empresa responsable del oleoducto— indicó que los 40 barriles de petróleo vertidos en el río Pastaza afectaron solo 3 000 metros cuadrados (0.3 hectáreas), sin embargo, el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), emitido tras la supervisión realizada en la zona, concluyó que el crudo se extendió 18 750 metros cuadrados (1.88 hectáreas) aguas abajo desde el punto donde se inició el derrame. Seis veces más de lo reportado por Petroperú.
El informe también indica que el crudo llegó hasta las comunidades Nuevo Porvenir, Nuevo Andoas, Los Jardines, Alianza Topal, Andoas Viejo, Capahuari Urko, Pañayacu, Nueva Vista, Huagramona, Naranjal Pastaza y Nueva Vida, que tienen como principal fuente de abastecimiento de agua al río Pastaza.
“En el 2018 también tuvimos un derrame de petróleo. Las cochas —lagunas— se contaminaron por el crudo, los animales murieron y las comunidades no tuvieron cómo alimentarse por meses. Seis años después vuelve a ocurrir lo mismo, no logramos reponernos aún del primer daño y viene un nuevo derrame”, dice Elio Grimanaldo Chávez Chin, presidente de la Organización Regional Indígena del Alto Pastaza (Oriap).
Este último derrame en el Pastaza se produjo cerca de otros 69 sitios impactados por la actividad petrolera que han sido identificados por el Estado peruano en la cuenca de este río, según informa el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe).
El más cercano está a solo un kilómetro de distancia mientras que el más lejano está a 13 kilómetros del lugar donde ocurrió el derrame del 3 de octubre. Los sitios impactados son áreas geográficas donde las actividades de hidrocarburos las han alterado de manera negativa, causando daños en el medio ambiente.
En mayo de 2024, Mongabay Latam publicó Herencia tóxica, una serie de reportajes que dan cuenta de los daños ocasionados por la actividad petrolera en territorio peruano. De acuerdo con la investigación, el total de zonas afectadas por la actividad petrolera suma 3452 —entre pasivos y sitios impactados— de ellas, 188 se encuentran en las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón, en la región Loreto.
Aguas con petróleo
El último derrame se produjo exactamente frente a la comunidad Titiyacu, del pueblo achuar, en medio del río Pastaza. Según el informe de OEFA, el punto de origen se ubica aproximadamente 10 metros debajo de la superficie del río y, durante la inspección del organismo estatal, se evidenció la presencia del crudo en la vegetación ribereña, así como en las ramas y troncos que se encontraban en las márgenes del Pastaza.
“Las comunidades están sin agua y alimentos, los peces han desaparecido, los cangrejos salen a la superficie solo para morirse por la contaminación del río. Los residuos del petróleo siguen en las cochas pese a que han pasado más de diez días. Nuestro pueblo se está enfermando”, reclama Senar Wilfredo Irar Cisneros, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap)
Los líderes achuar y kichwa han solicitado al gobierno que abastezca con agua y alimentos a las familias de las comunidades que han resultado afectadas. También piden la implementación de los centros de salud y de sistemas de agua potable. En esta zona no hay médicos que puedan tratar casos complejos o infecciones estomacales generalizadas.
Son reclamos que se repiten desde hace muchos años en todas las comunidades afectadas por las actividades petroleras en la Amazonía peruana. Y la cuenca del Pastaza, con 69 sitios impactados, es la que registra la mayor cantidad de lugares afectados que han sido identificados en la región Loreto. Las otras cuencas son Corrientes con 66, Tigre con 41 y Marañón con 16 sitios.
Los 69 sitios impactados en la cuenca del Pastaza son pozos y ductos abandonados de anteriores operaciones petroleras en las quebradas Ushpayacu y Capahuari, afluentes de este río. Los reportes sobre las zonas afectadas indican que hay presencia de crudo de petróleo en el agua y en el suelo.
De todos los sitios impactados en la cuenca de este río, 25 están ubicados en la comunidad de Titiyacu, donde ocurrió el último derrame; 20 en Los Jardines; 16 en Nuevo Andoas; seis en Nuevo Porvenir; uno en la comunidad de Capahuariyacu y uno en Nueva Alianza Capahuariyacu. Todos ellos forman parte del Lote 192 —antes 1AB— que registra la mayor cantidad de pasivos ambientales y sitios impactados en la Amazonía peruana.
En el caso del sitio impactado más cercano al lugar del derrame del 3 de octubre, por poner sólo un ejemplo del daño que existe en esta zona, el expediente elaborado por OEFA para su remediación indica que se trata de un lugar considerado de alto riesgo para la salud y para el ambiente.
“Esta es una zona de acumulación de daños sin remediar”, dice Miguel Lévano, especialista en Industrias Extractivas en la organización Oxfam y coordinador del subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). El experto también comenta que los daños en la cuenca del Pastaza son consecuencia de la mala gestión de las empresas petroleras que administraron el lote 1AB, daños que no fueron identificados ni solucionados oportunamente.
“Un nuevo derrame de petróleo en una zona ya contaminada es una acumulación de males que agrava la precarización de la vida de las personas. La contaminación del medio ambiente tiene un impacto directo en la economía familiar y el desarrollo social de las comunidades, quienes se ven obligadas a migrar por falta de acceso a alimentos.
No se puede normalizar un derrame al considerar que ya era una zona afectada, todo lo contrario, esto es un daño mayor, porque agrava la situación ambiental”, asegura la ingeniera economista Kely Alfaro, especializada en valoraciones económicas de impactos ambientales y cambio climático.
El reciente derrame de petróleo en el río Pastaza se produjo cuando el personal de la empresa Petroperú realizaba actividades de presurización y tratamiento químico en la tubería de 16 pulgadas de diámetro del Oleoducto Nor Peruano, precisó OEFA luego de la supervisión. En tanto, la empresa Petroperú indicó que tras el derrame “procedió a cerrar las válvulas” y que “colocó barreras de contención para evitar que el crudo derramado se expandiera más”.
Se prometen soluciones que nunca llegan
En el año 2015 el Estado peruano creó el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental (Profonanpe) para atender los daños ocasionados por la actividad de hidrocarburos, que tiene más de 50 años de presencia en el territorio peruano. Sin embargo, ha pasado casi una década y no se ha concretado ninguna remediación.
Profonanpe señala que hasta mayo de 2024 se contaba con 188 informes de sitios impactados que OEFA había identificado en la región Loreto y cuyos expedientes envió al organismo responsable de la remediación. No obstante, en los últimos meses OEFA ha enviado cuatro nuevos informes que corresponden a la cuenca del río Corrientes. Con ellos ya suman 192.
“La Junta de Administración ha priorizado la atención de 146 sitios impactados distribuidos de la siguiente manera: 48 sitios priorizados en Corrientes, 57 sitios priorizados en Pastaza, 25 sitios priorizados en Tigre y 16 sitios priorizados en Marañón”, indica Profonanpe en el documento que envió a este medio.
Profonanpe también informó a Mongabay Latam que en 2019 se presentaron al Ministerio de Energía y Minas (Minem) siete planes de rehabilitación para la cuenca del Pastaza, además que, hasta el momento, cuatro han sido aprobados y sus expedientes de ingeniería, paso previo para la remediación están en proceso de elaboración.
Miguel Lévano, de Oxfam, cuestiona las demoras del Estado peruano para concretar el proceso de remediación y señala que la mayor falencia para ejecutarla en los sitios impactados es la falta de presupuesto del Estado peruano.
En el informe La sombra de los hidrocarburos III, elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), también se cuestiona la lentitud de las remediaciones ambientales y se señala que la burocracia de las instituciones peruanas demora las acciones de intervención y reparación en territorios indígenas y comunidades pesqueras.
“Esta situación pone en una balanza ambigua a la remediación que, por un lado, exige celeridad para la atención; y, por otro, requiere de precisión científica y legal para poder atender la complejidad de los daños que se tienen”, se lee en el documento.
Kely Alfaro explica que cuando se produce un derrame no solo se afecta al medio ambiente, sino que también se genera un daño social y económico a la población, porque se le deja sin sus fuentes de trabajo, como sucede con la pesca y con la caza. Además, comenta, las madres de familia tienen que hacer un doble esfuerzo para la recolección de alimentos, porque deben caminar más horas para llegar a las zonas que no fueron impactadas por el petróleo.
“Estos esfuerzos y pérdidas económicas deben ser valorizados y las víctimas de los derrames deben ser indemnizadas, independientemente de la remediación de los daños ambientales que se debe hacer en los territorios”, anota Alfaro.
Sin embargo, en el largo historial de más de 50 años de explotación petrolera en la Amazonía de Perú, ninguna comunidad indígena ha recibido una indemnización por daños y perjuicios a causa de un derrame de petróleo, agrega la experta.
“En el 2018 no reclamamos una atención inmediata al Estado ni la indemnización de la empresa por los derramens de petróleo. Esta vez no vamos a permitir que pase eso, sabemos que la empresa [Petroperú] debe responder por el daño que ha ocasionado y tiene que limpiar el río, atender la emergencia sanitaria e indemnizar a la población. Vamos a exigir que cumpla sus obligaciones”, enfatiza el líder indígena Chávez Chin.
Hablamos no solo de la obligación de retirar el petróleo derramado en el río y realizar tareas de recuperación medioambiental. Las empresas deberían resarcir económicamente a las comunidades afectadas, de la misma forma que ellos reclaman hasta el más mínimo daño y los costes por incumplimientos o aplazamientos de sus contratos.
