“Tras una consulta, la justicia europea aparentemente se decantaría por permitir que el llamado “canon eólico” o como se lo llama coloquialmente el impuesto al viento y que rige en Castilla y La Mancha, siga gravando a los parques eólicos.”
Una historia controvertida
En 2011 se impuso el “canon eólico, justificándolo con la excusa de que, de esa manera se pagarían de alguna forma los impactos adversos que las turbinas eólicas pudieran tener sobre el Medio Ambiente y el territorio, a nivel local.
El pago de este impuesto es de carácter trimestral y su monto está en relación directa con el tamaño del parque eólico que debe abonarlo y con la potencia que generan las diferentes instalaciones gravadas.
Por un lado, las empresas que se vieron afectadas, que fueron: Energías Eólicas de Cuenca, Iberdrola, Iberenova y Elecdey Carcelén decidieron llevar el caso ante la Corte de Justicia de la Unión Europea (que tiene su sede en Luxemburgo), solicitando que se reviera el caso, se anulara el impuesto y se les hiciera una devolución del dinero que habían abonado por este concepto.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, también se dirigió al Tribunal de Justicia europeo, con el fin de consultar si dicho “canon eólico” resultaba compatible con las normas europeas, refiriéndose tanto a las de promoción de las energías renovables, como a las directivas acerca de los impuestos especiales y los energéticos.
A la espera del dictamen final
Las conclusiones a ambas consultas las ha divulgado la abogada general del citado Tribunal de la UE, Juliane Kokkot, quién explico que, si bien no hay una sentencia en firme, para ella no existen inconvenientes del tipo legal que impidan al gobierno provincial aplicar el mencionado gravamen.
Tras estudiar el caso y en las conclusiones expresadas por la abogada General, el “canon eólico” debería ser considerado dentro de los límites de la legalidad. Estas declaraciones se hicieron bajo la premisa de que hasta dentro de algunos meses no habrá una pronunciación oficial y definitiva por parte del Tribunal.
Las declaraciones de la abogada Kokkot, provocaron que las empresas involucradas sufrieran una amarga decepción, puesto que estaban seguras de tener la razón de su parte y de que no era lógico y esperaban que tampoco fuera “legal”, que se les cobrase por el viento, una fuente de energía renovable que, según su punto de vista, debería ser de uso libre y gratuito.
