- El estudio advierte de los intereses económicos y corporativos de las multinacionales del gas detrás del impulso del hidrógeno.
En los últimos meses, y con los planes europeos para la recuperación económica y la transición energética sobre la mesa, ha surgido con fuerza un nuevo protagonista: el hidrógeno. Según esos planes, el hidrógeno será la clave en la transición para un futuro verde. Las dudas ambientales, sociales y económicas tras este sector son numerosas: ¿qué intereses hay detrás de que esta fuente de energía tan poco conocida se promueva como la salvación para la emergencia climática?
En el informe «El boom del hidrógeno: cuento de hadas o pesadilla climática» se destapan algunas incógnitas: el lobby del hidrógeno tiene como actores principales a las empresas del gas, que encuentran en este elemento químico su mercado de futuro para continuar promoviendo un modelo energético basado en los proyectos insostenibles y de excesivas dimensiones, así como las colaboraciones público-privadas.
La campaña de la industria del hidrógeno está en pleno apogeo. Un análisis de más de 200 documentos, obtenidos gracias a las normas sobre transparencia y libertad de información, ha dejado al descubierto una intensa campaña de presión organizada por la industria del gas natural en la Unión Europea.
El lobby del hidrógeno declaró un gasto anual conjunto de 58,6 millones de euros en intentar influir en los procesos de decisión y elaboración de políticas de Bruselas. Representantes de la industria del hidrógeno se reunieron con comisarios europeos y sus equipos en 163 ocasiones para tratar temas energéticos entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020. Esta cifra contrasta con las 37 reuniones mantenidas por los altos cargos de la Comisión Europea con ONG.
Para dar respuesta a esta situación, el informe concluye con cinco recomendaciones que la UE debería tener en cuenta para evitar la llamada ‘burbuja del hidrógeno’ y caminar hacia propuestas realmente sostenibles:
- Un cambio de apoyo político y financiero por parte de las instituciones: los fondos públicos deben dedicarse a apoyar a la energía eólica, solar y otras fuentes renovables, con planes de ahorro energético y con un enfoque que priorice infraestructuras y proyectos comunitarios y públicos.
- Fin del acceso privilegiado de la industria del gas: la inclusión de la industria en el proceso de elaboración de políticas obstaculiza gravemente el proceso de cambio. Se necesita un cortafuego entre los responsables políticos y la industria del combustible fósil en los niveles nacionales, regionales y en los espacios de Naciones Unidas.
- Un cambio de cultura de las relaciones con los grupos de presión: es necesaria una total transparencia en la elaboración de un registro de grupos de presión legalmente vinculante y plenamente implementado y unas políticas encaminadas al interés general en lugar de las que se hacen para beneficiar a la industria.
- Dejar de poner la investigación financiada con fondos públicos en manos de las empresas: en su lugar, utilizar el dinero de las personas contribuyentes para investigaciones que aborden adecuadamente los desafíos sociales, como es el caso de la emergencia climática. Es preciso el apoyo del sector público a proyectos comunitarios renovables de producción a pequeña escala, descentralizados, para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético.
- No más infraestructura fósil: Hay que descarbonizar el sistema mediante una transición adecuada y justa, con la eliminación gradual y bien planificada de todos los combustibles fósiles y de sus infraestructuras. Debe hacerse conforme a la ciencia y tecnologías disponibles, al mismo tiempo que se protege a las comunidades y a sus trabajadores anteponiendo sus derechos y bienestar al de las ganancias corporativas.
La publicación, adaptada y traducida por Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización fue elaborada por Corporate Europe Observatory, Food & Water Action Europe y Re:Common en diciembre de 2020.
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Fuente: Ecologistas en accion
