En el 2013, con 2400MW de proyectos CSP en funcionamiento, España desbancará a Estados Unidos como líder mundial en capacidad CSP instalada. Hasta hace poco la política de intervención del Gobierno Español ha impulsado este crecimiento. En estos monentos, sin embargo, amenaza con restringir la innovación. Qué lecciones deberían aprenderse del modelo español
Todo comenzó 30 años atrás con la palabra “innovación” cuando el Gobierno Español vislumbró el potencial de la tecnología CSP y construyó la Plataforma Solar de Almería (PSA) – un centro de investigación y desarrollo CSP en el corazón del desierto de Tabernas en el sur de España.
Este centro financiado por capital público continúa actuando como conductor del floreciente sector CSP español. “La inversión en I+D y la formación dada por el centro a técnicos en el sector ha proporcionado a España con lo que sin duda es la mejor fuente de conocimiento y personal especializado CSP del mundo”, tal y como afirma Luis Crespo, Secretario General de Protermosolar.
A pesar de su dilatada historia en I+D el sector creció muy lentamente hasta que el Real Decreto (RD) 661/2007 fué promulgado tres años atrás como continuación del anterior RD 436/2004 estableciendo un marco regulatorio especial del sector de generación de electricidad por vías renovables. Esta legislación introdujo un sistema estatal de tarifas feed-in (FiT) de 0.27€/kWh a lo largo de 25 años y fijó un objetivo de 500MW para el 2010.
La combinación de un suculento sistema FiT y un mercado garantizado así como del acceso prioritario a la red para los productores de energías limpias, supuso un marco irresistible para muchas compañías. Las empresas tenían las garantías necesarias para llevar a cabo las fuertes inversiones requeridas para la construcción de plantas CSP.
Además, la experiencia y conocimiento acumulada por PSA facilitó a las empresas la rápida puesta en marcha de proyectos, compitiendo entre ellas por ser los primeros en comenzar a operar.
A pesar de que Valeriano Ruiz, Presidente de Protermosolar, reconoce que esta legislación facilitó, sin ningún tipo de duda, el marco propicio para que se produjera el despegue comercial CSP en España, advierte que algunos aspectos no se analizaron convenientemente resultando en desequilibrios.
Los excesos del proyecto
El operador de red español se vió inundado por una avalancha de solicitudes de acceso que llegaron hasta 15000MW, a lo que pronto se añadió el sector fotovoltaico, para el que otro atractivo sistema FiT supuso un boom en el mercado que llevó a una draconiana intervención gubernamental en el 2008.
¿Se estableció una tarifa FiT CSP demasiado alta? Heikki Willstedt, experto en energía para WWF, no lo cree así: “Era necesario impulsar la tecnología”. Sin embargo, Willstedt advierte que una vez se ha alcanzado un nivel crítico, las FiT deden ser ajustadas al verdadero coste de la tecnología como señal de que la industria debe empezar a valerse por sí misma.
Aunque Willstedt confiesa difícil valorar en que punto será alzcanzada esta situación en España, afirma que numerosos expertos coinciden en señalar que esto se producirá cuando se comiencen a instalar 1 ó 2 GW de capacidad.
Carlos Muñoz, presidente de la división solar termo-eléctrica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), enfatiza: “Es una obligación del sector el maximizar la eficiencia de las plantas y recortar los costes para facilitar así la reducción de las FiT a corto plazo y su completa eliminación en el futuro”.
Muchos expertos piensan, sin embargo, que las FiT fueron demasiado generosas desde el principio, generando una insostenible “fiebre del oro”.
“Las FiT en España han estado tradicionalmente demasiado altas generando un estado de euforia” opina Javier García Breva, experto en política energética española.
La carrera frenética por conseguir plantas conectadas se exacerbó por la política gubernamental de asociación de las FiT con un cupo restrictivo de 500MW en capacidad total instalada – sin objetivos futuros planificados – y con una fecha límite corta para alcanzar los objetivos, añade García Breva.
Echando el freno
El resultado fué la promulgación precipitada del RD 6/2009 en la primavera del 2009, para intentar frenar lo que se estaba convirtiendo en un tren sin control impulsado por la especulación.
Esta legislación, que fuerza a los promotores a cumplir estrictos criterios técnicos y económicos para poder vender electricidad a la red bajo las FiT actuales, surgió como un acto reflejo del Gobierno Español que ha generado diversas consecuencias. La medida planteó dudas sobre la estabilidad regulatoria en España y ha hecho más difícil para los promotores el conseguir financiación.
El RD 6/2009 ha provocado una revolución en el sector, según Ruiz. Desde su introducción los promotores han tenido que trabajar duro para conseguir proyectos y mantener sus balances en orden para la inspección. También ha promovido un diálogo muy necesario entre el gobierno y el sector.
La situación ha forzado al gobierno a la aprobación de un plan estratégico para el sector CSP, que supondrá la instalación ordenada de 500MW por año desde aquí al 2013, momento en el que un total de 2400MW estarán en operación.
¿Arriesgando la innovación?
Aunque el sector se ha beneficiado claramente de la introducción de las FiT, muchos expertos creen que la innovación y desarrollo tecnológico podrían ponerse en peligro como consecuencia de las medidas implantadas a través del RD 6/2009.
Los estrictos prerrequisitos (como por ejemplo disponer del 50% de los fondos de financiación necesarios) han dejado a un número determinado de pequeñas empresas fuera de juego, reduciéndose así la competición en el sector y repartiéndose el pastel un número pequeño de compañías grandes.
Emmanuel Ozaez, vicepresidente de la compañía Albiasa Solar, lamenta que la mayoría de los proyectos sean muy similares y que la innovación vaya a sufrir a consecuencia de esto.
Aunque Crespo está de acuerdo, señala que la legislación actual permite modificaciones en el diseño de las plantas ya aprobadas. Crespo espera que esto deje la puerta abierta a la innovación, especialmente a medida que capital I+D llegue al sector gracias al SET-Plan de la Comisión Europea.
El marco regulatorio
Entonces, ¿qué se puede aprender de la experiencia española? Lo primero y más importante que aunque las FiT son claramente necesarias para el impulso del sector en sus inicios, éstas deben ser analizadas concienzudamente antes de ser implementadas.
Willstedt opina que para que los gobiernos puedan implementar las FiT apropiadas, los reguladores deben ser conscientes del estatus de cada tecnología para ser capaces de ajustar las FiT a su verdadero coste. “El mejor sistema es el de reducir las FiT anualmente hasta su desaparición en function del desarrollo tecnológico y la reducción de costes alcanzada,” añade Willstedt.
Esto mitigaría en parte “la fiebre del oro” al hacer ver a los promotores que no se trata solo de llegar a una situación en la que puedan obtener FiT lo más rápido posible.
Además, también animaría a los inversores a correr riesgos mayores a la hora de seleccionar proyectos en lugar de optar por la opción menos arriesgada, lo que normalmente involucra tecnología conocida y probada en lugar de innovadora y eficiente.
Tanto Crespo como Ozaez están de acuerdo en que los gobiernos a nivel global deberían promover activamente la innovación, tal y como el Gobierno Español hizo hace tres décadas con la implantación de PSA.
Crespo sugiere: “Otros países necesitan introducir cupos y asignar capacidades dando prioridad a la innovación basándose en criterios como la reducción de costes, consumo de agua, almacenamiento térmico, etc.”
Del mismo modo Ozaez apela a la introducción de mecanismos que premien la innovación así como otros factores sociales y medioambientales.
Sin embargo, García Breva advierte que los cupos en capacidad instalada solamente limitan el potencial. “La legislación del sector sólo debería basarse en los precios y no en la implantación de cupos,” opina García Breva.
Willstedt toma una posición más moderada: “Es demasiado pronto para plantear conclusiones acerca del progreso español, ya que los primeros 500 MW todavía no se han terminado de instalar”.
De cualquier modo, García Breva destaca que otros países deberían aprender de los errores en el camino del crecimiento del sector CSP español – en concreto la falta de una verdadera política energética a medio y largo plazo.
“La actual política fué desarrollada en el 2002 y no incluye las renovables. Por lo tanto, carecemos de un enfoque real,” opina García Breva. Esto ha llevado a una política de regulación del sector basado en el enfoque de “parar y empezar” de nuevo.
Los países que quieran aprender de la experiencia española deberían considerar el asunto en su conjunto. Como Willstedt señala, las supuestamente más baratas tecnologías convencionales del carbón o el gas deberían asumir sus costes medioambientales adicionales de emisión de CO2, lo que resultaría en que todos los tipos de energía compitieran a su respectivo nivel en el mercado eléctrico.
Sólo haciendo esto podrá el sector CSP alcanzar su verdadero potencial.