Las jornadas sobre Energía Eólica en España, coorganizadas por Unidad Editorial y la Asociación Empresarial Eólica (AEE), reunieron el pasado martes a representantes del Gobierno y el sector en un debate centrado en el marco regulatorio.
Tanto los ponentes de AEE como de las empresas coincidieron en solicitar al Gobierno que las negociaciones sobre el nuevo marco normativo comiencen cuanto antes para garantizar la seguridad jurídica del sector y poner fin a la incertidumbre que mantiene paralizada su actividad. A lo que Antonio Hernández, director general de Política Energética y Minas, respondió que “nadie puede dudar del compromiso de España con las energías renovables y de la seguridad jurídica”.
Hernández eludió dar demasiadas pistas sobre la regulación futura. Se limitó a señalar que su objetivo será promover el desarrollo sostenible de las energías renovables y los avances tecnológicos, incentivar el autoconsumo y garantizar la seguridad jurídica.
Santiago Caravantes, jefe del Área de Producción en Régimen Especial del Ministerio de Industria, añadió que la normativa en materia eólica caminará hacia unos requisitos más exigentes para su integración en la red, un tratamiento diferenciado para la repotenciación y la eólica marina, y la normalización de la eólica de baja potencia. Afirmó que “se están analizando diferentes posibilidades para el nuevo marco jurídico, pero hay que ir por partes”.
En este sentido, el próximo paso será la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto que modifica aspectos del régimen para la eólica y la termosolar, prevista para el 3 o el 10 de diciembre.
José Donoso, presidente de AEE, expuso las que, a su juicio, deben ser las condiciones de la nueva norma. “Debe estar basada en la experiencia: el desarrollo de la industria eólica española es considerado un ejemplo en todo el mundo”, dijo.
Añadió que se tiene que regular “según las características del sector y no de las otras tecnologías”. En este sentido, pidió que las cuotas sean plurianuales, de un mínimo de ocho años, ante los largos periodos de maduración que exigen los proyectos eólicos. Y que la percepción de la prima se garantice en función de “realidades”, para los parques que ya estén conectados a la red, y no de autorizaciones administrativas. En cuanto a la remuneración, señaló que debe “garantizar una rentabilidad razonable”.
Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas de AEE, profundizó en el asunto al asegurar que la rentabilidad suficiente se sitúa hoy en WACC (coste de capital) más un punto o TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) del 8 o 9%, que es lo que exigen los inversores para financiar proyectos. Willstedt añadió otro aspecto importante para el debate: la integración de la norma sobre concursos eólicos autonómicos con la regulación de la Administración central.
Joaquín Mollinedo, director general de Innovación y Sostenibilidad de Acciona Energía, ahondó en el asunto: “La regulación debe ser transparente, estable y cierta”.
Miguel Picardo, director general de Vestas Iberia (empresa que patrocinaba el evento), quiso lanzar un mensaje al Ministerio: “No perdamos más tiempo”. Aseguró que la eólica está en la agenda de todos los gobiernos del mundo y “España no se puede quedar atrás del desarrollo energético”.
Carlos Gascó, responsable de Prospectiva de Iberdrola Renovables, aportó el punto de vista de los promotores: “Mientras no tengamos el nuevo marco, las decisiones de los promotores están en el aire”. Calificó de “buenos” los objetivos a largo plazo, pero ineficaces si no hay “certidumbre en el corto plazo”.