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domingo, enero 29, 2023

ICV alerta de que el decreto de déficit tarifario aprobado en el Congreso puede acabar con la industria de las renovables en España

La diputada de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Núria Buenaventura, ha votado hoy en contra del decreto-ley por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico porque “puede acabar con la industria de las renovables en España”, especialmente con los propietarios de las instalaciones fotovoltaicas y de energía solar. La convalidación de la norma y su rechazo como proyecto rey se ha aprobado finalmente con los vots a favor de PSOE y PNV.

Buenaventura ha lamentado que con este decreto “más que disminuir el déficit tarifario se centra los esfuerzos en una serie de tecnologías y se olvidan de otras, como las renovables, que aparecen como las causantes del déficit,  y no se tiene en cuenta el mercado mayorista que permite a las grandes compañías, incluso en periodos de crisis, conseguir beneficios espectaculares, la subida de los precios internacionales del gas natural, los apoyos al consumo de carbón nacional más caro que el importado y una subasta de futuros manifiestamente inflacionista”, ha subrayado en su intervención esta mañana en el Congreso.

“Si hoy se limita el mercado y la demanda de las renovables lo que acabará pasando es la muerte de una industria puntera y líder en el planeta como ha sido la energía solar, que en España llegó a situarse en 2008 en cabeza de un mercado mundial de alta tecnología, atrayendo inversiones de todo el mundo”, ha destacado Buenaventura, que ha lamentado que el “frenazo” que ha ido aplicando el Gobierno desde entonces ha hecho que se hayan perdido unos 30.000 empleos en el sector: “Mientras España frenaba en seco el crecimiento de la energía solar, Alemania recuperó el liderazgo, instalando en 2010 más potencia fotovoltaica que nunca ningún país en el mundo”.

La diputada ecosocialista también ha lamentado que el decreto “se olvide de las emisiones de CO2 en el análisis del sistema eléctrico”, y que no se tenga en cuenta la subida del precio de los carburantes a partir del peak oil en los próximos años.

Buenaventura ha explicado como la mayor parte del tiempo son las centrales de gas de ciclo combinado las que fijan el precio, por lo que es fácil entender que la subida en los precios internacionales del gas ha traído aparejada una subida del precio de la electricidad en España. Esta subida del precio del mercado mayorista ha supuesto un aumento espectacular en los márgenes de beneficio de centrales como las hidroeléctricas o las nucleares, construidas hace muchos años y amortizadas dentro del llamado marco legal estable que rigió hasta 1997 en condiciones muy favorables. Dichas centrales sólo incurren en unos costes variables muy bajos, pero cobran igual que las centrales de gas.

“¿Por qué se resisten a sacar estas tecnologías del pool?”, se ha preguntado Buenaventura, que ha recomendado que se rijan por un mecanismo que tenga en cuenta los costes en los que realmente incurren, y que dejen de obtener beneficios caídos del cielo.

La diputada ecosocialista también ha explicado que el incremento de las renovables ha hecho que los que invirtieron en centrales de ciclo combinado hayan acusado un descenso en sus beneficios. Estas plantas debían operar unas 5.000 horas para ser amortizadas y en la realidad están operando 3.500, y Red Eléctrica dice que en el 2016 operarán unas 1.700. Así que como más renovables, peor para el gas.

“¿Por qué siempre se atreven con los más débiles?”, ha preguntado Buenaventura al ministro de Indutria, que ha lamentado que no se hayan dedicado los esfuerzo a “atajar el  fraude” de aquellas instalaciones acogidas a las primas del RD 661/2007 que no tenían derecho a ellas.

Buenaventura ha considerado que “lamentablemente no hay ninguna duda de que los grandes perdedores del decreto son los propietarios de instalaciones fotovoltaicas” porque se les ha reducido el derecho a percibir la prima a un número determinado de horas al año. Esto supone –ha explicado-  una merma de ingresos del orden de 740 millones de euros/año durante los próximos 3 años, pero al tiempo se les permite cobrar dicha prima durante 3 años más (de 25 a 28 años). 

 

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