Han pasado dos décadas desde que comenzaran a instalarse complejos de energía renovable a gran escala en toda la península, iniciando lo que más adelante se conocería como Transición Energética.
Durante este tiempo, se ha alcanzado un consenso científico que respalda y constata que una transición energética capaz de afrontar los retos de la crisis climática no puede consistir en una transición meramente tecnológica como la que está ocurriendo, en apariencia “verde” aunque carente de atención hacia el soporte sobre el que se instala dicha tecnología: el territorio. Alianza, energía y territorio, ALIENTE vela por ‘revertir’ está tendencia.
Desde ALIENTE invitan a todos los ciudadanos a enviar ALEGACIONES ante la Audiencia e información pública sobre el Proyecto del RD por el que se quieren aprobar determinadas Medidas Urgentes para el Refuerzo del sistema eléctrico que fueron presentadas por el gobierno con fecha 31 de julio de 2025. El plazo para enviar alegaciones finaliza Hoy 11 de agosto.
La idea es que las propuestas reciban un gran apoyo por parte de la ciudadanía, ya que aportan ideas y sugerencias de gran peso, a la hora de que se haga una Transición Energética, realmente justa, en la que no se deje a nadie atrás.
Alianza, energía y territorio, ALIENTE
La Alianza, energía y territorio, ALIENTE, que agrupa a más de 200 plataformas que luchan contra la especulación de proyectos de macrorenovables, ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un documento de alegaciones al Proyecto del nuevo Real Decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, en el que denuncia los graves fallos estructurales del actual modelo de transición energética en España.
La organización reclama una moratoria inmediata y temporal en la tramitación de nuevas macroinstalaciones renovables hasta que se garantice una planificación ordenada, ambientalmente rigurosa y socialmente justa, además de la implantación de medidas para fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas que el Estado lleva años evitando.
En el documento, de más de 20 páginas, ALIENTE repasa los principales problemas derivados de una implantación acelerada de energías renovables que, desde 2020, “ha sido impulsada por un marco legal altamente desregulado y marcado por la urgencia. Lejos de responder a criterios de interés general, el modelo ha favorecido los intereses de grandes empresas y fondos de inversión, con impactos desproporcionados sobre el medio rural, la biodiversidad y la cohesión territorial.”
ALIENTE destaca que el MITECO ha retirado las medidas para el autoconsumo que incluía el decreto derogado, “medidas que eran insuficientes y a las que deberían añadirse otras más ambiciosas porque España tiene un potencial tremendo en sus tejados que beneficiaria al conjunto de la sociedad y las pymes, y se está paralizando por las políticas del Gobierno”.
El apagón del 28A: un aviso
El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 fue, para ALIENTE, un aviso grave sobre la fragilidad estructural del sistema eléctrico. “Lejos de ser un fallo puntual, puso en evidencia un sistema sobredimensionado en generación, además de descoordinado con la red de transporte y distribución, sin planificación técnica ni control democrático”.
El Real Decreto 7/2025, que no fue convalidado en el Congreso, consideran que pretendía continuar y profundizar ese modelo, lo que ha motivado una nueva propuesta del Gobierno que está hasta el día 11 de agosto en fase de alegaciones.
“La respuesta no puede limitarse a medidas técnicas o de emergencia”, sostiene ALIENTE. “Es urgente revisar el modelo de despliegue renovable, aplicar criterios de evaluación ambiental reales, garantizar la participación pública efectiva y priorizar el interés general”.
La transición no está resultando ni justa ni planificada
Desde 2020, el Gobierno ha aprobado al menos diez normas para acelerar el despliegue de renovables, amparándose en la emergencia climática y geopolítica. Sin embargo, las plataformas siempre han denuncias que estas medidas han ido acompañadas de una “progresiva pérdida de garantías ambientales, ausencia de ordenación territorial y exclusión de la ciudadanía en los procesos de decisión.”
Entre los impactos ya documentados por ALIENTE destacan la fragmentación del territorio por miles de proyectos no coordinados, la ocupación de espacios de alto valor ecológico y agrícola, la saturación de zonas rurales sin evaluación acumulativa de impactos, una gran pérdida de biodiversidad y paisaje, además de la generación de conflictos sociales en los pueblos, desplazamiento de actividades económicas del medio rural y una creciente desconfianza institucional.
El modelo, denuncian, ha convertido la despoblación rural en “ventaja competitiva” para las grandes promotoras, según llegó a reconocer el propio Ministerio en una orden publicada en el BOE en 2023.
Europa a lo suyo
Las alegaciones critican duramente la transposición parcial e interesada de las directivas europeas sobre renovables. ALIENTE denuncia que España aplica las disposiciones que permiten acelerar proyectos o eximir evaluaciones ambientales, y a su vez omite los requisitos clave de planificación, participación y protección ambiental.
En particular, recuerdan que no se han delimitado formalmente las “zonas de aceleración” renovable que exige la Directiva (UE) 2023/2413, que consideran que deberían ser solo las zonas antropizadas y con menos impacto, pero en la práctica se está tratando todo el territorio como si lo fuera. Tampoco se han implementado las directivas sobre comunidades energéticas, gobernanza participativa o transparencia de acceso a red, y con ello permiten que las empresas distribuidoras energéticas frenen las comunidades energéticas y bloqueen el vertido de excedentes en el autoconsumo de empresas.
“El resultado es un modelo desequilibrado que fomenta la especulación, la concentración de poder y la exclusión social, contraviniendo el derecho europeo y degradando los fundamentos de la transición justa”, concluye el documento.
La moratoria es revisable
ALIENTE propone una moratoria parcial o total en la tramitación de nuevos proyectos de renovables a gran escala, hasta que se cumplan al menos estas condiciones:
- Delimitación pública y participada de zonas de aceleración renovable.
- Evaluación ambiental estratégica del despliegue acumulado.
- Mecanismos efectivos de participación y consulta vinculante.
- Control institucional del cumplimiento de condiciones y retorno social.
- Impulso real al autoconsumo en la ciudadanía, pymes y administraciones, y a las comunidades energéticas.
“No se trata de parar la transición, sino de reorientarla con justicia, transparencia y sostenibilidad. Una moratoria es una herramienta democrática para frenar un modelo que ha perdido legitimidad y que pone en riesgo los propios objetivos climáticos”, afirma la plataforma.
ALIENTE denuncia también que, durante la tramitación del Real Decreto-ley 7/2025, el Gobierno ha promovido un relato de consenso ambiental apoyándose solo en determinadas organizaciones ecologistas afines, excluyendo a las más críticas y a los colectivos afectados.
Esta estrategia, a juicio de la asociación, ha generado una fractura en el movimiento ecologista y ha servido como “coartada política” para justificar una norma profundamente desequilibrada. Alertan de que con esta transición energética “se está produciendo el mayor daño al medioambiente de la historia en nuestro país”, y que según el IPCC evitar la perdida de biodiversidad es una de las principales herramientas para frenar la emergencia climática.
Documento de alegaciones ALIENTE
El documento de las alegaciones ALIENTE, que se puede descargar de su web, lo ha distribuido a todas las plataformas para que lo puedan enviar al MITECO (por email a [email protected]), aporta propuestas técnicas y jurídicas para reformular artículos clave del proyecto normativo. Algunas de las medidas destacadas incluyen:
- Cómputo real de la potencia instalada para evitar fraude y fragmentación de proyectos.
- Evaluación ambiental obligatoria para instalaciones de almacenamiento, incluso en zonas previamente intervenidas.
- Revisión ambiental y social en casos de repotenciación de instalaciones existentes.
- Control riguroso en el paso de explotación provisional a definitiva.
- Regulación específica para prototipos de I+D+i con nuevas tecnologías.
- Planificación participativa y evaluación acumulativa de las infraestructuras de red.
Transmiten que todas las propuestas están orientadas a “recuperar el control público, evitar la especulación y asegurar que la transición energética beneficie a las personas y al territorio, no solo a los grandes inversores”.
Cada ciudadano puede enviar alegaciones, por lo que desde ALIENTE solicitan que estudian su propuesta y si están de acuerdo la envíen al gobierno a [email protected] indicando en el asunto: “Alegaciones PRD Medidas Urgentes” y haciendo constar en el cuerpo del mensaje la identidad del remitente con nombre, apellido y documento de Identidad. ECOticias.com
