España: un campo de batalla en arbitrajes a cuenta de las energías renovables, reflejando tanto contratiempos como avances en su transición hacia fuentes de energía verdes.
Aunque España lidera a las naciones europeas en el número de arbitrajes sobre energías renovables, también tiene la tercera capacidad más alta de las naciones europeas en generación de energías renovables. Además, ocupa el puesto 11 en términos de las emisiones de CO₂ más bajas por habitante y se reconoce como el decimocuarto país más sostenible a nivel mundial. Entonces, ¿por qué España lidera el país en arbitrajes relacionados con energías renovables?
Este recorrido se remonta a la secuela de la crisis financiera de 2008, que sumió a España en una profunda recesión económica. En 2012, enfrentando la necesidad de austeridad fiscal, España implementó cambios regulatorios y recortó subsidios para proyectos de energía renovable. Estas alteraciones desencadenaron un aumento en los conflictos entre inversores y Estados bajo el Tratado de la Carta de la Energía, lo que supuso que España tuviera que enfrentarse a más de 40 reclamaciones derivadas de la retirada de incentivos.
Este Tratado de la Carta de la Energía (TCE), establecido en 1994, sirve para promover la colaboración e inversión en energía a nivel mundial. Tiene como objetivo fomentar un mercado energético abierto y competitivo estableciendo normas para la protección, promoción y liberalización de las inversiones en energía. Dentro del marco del TCE, los Estados miembros se comprometen a tratar justamente a los inversores extranjeros y garantizar una compensación justa en casos de expropiación. Además, el tratado proporciona mecanismos para resolver disputas, lo que permite a los inversores buscar arbitraje en casos de disputas de inversión con los países miembros.
En esta línea, la participación de España en disputas relacionadas con la energía está profundamente ligada a su membresía en el TCE desde 1997. Al unirse a esta red de naciones comprometidas con el fomento de la inversión y cooperación energética, España se comprometió a adherirse a las directrices del tratado que rigen sus políticas energéticas y compromisos con inversores extranjeros en el sector energético.
En 2017, España perdió su primera demanda internacional por subsidios a las energías renovables, poniendo de manifiesto sus cambios regulatorios ampliamente criticados y allanando el camino para desafíos legales posteriores. Ya en 2023, enfrentó numerosos casos de arbitraje, con reclamaciones de casi 8 mil millones de euros en daños reclamados por inversores extranjeros. A pesar de los esfuerzos por anular algunos laudos arbitrales, el país luchó por resolver estas disputas, lo que afectó su reputación como destino de inversión confiable.
La crisis financiera de 2008 provoco que España liderará los arbitrajes relacionados con las energías renovables
A pesar de estos desafíos, España ha avanzado significativamente en el desarrollo de energías renovables en los últimos años. El volumen de emisiones de CO₂ del sector eléctrico se ha reducido a la mitad de lo que era hace cinco años. Además, febrero de 2024 registró récords en energías renovables, con un 61.7% de la mezcla energética y una importante reducción en los precios de la electricidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogió estos logros, enfatizando el papel del país como líder mundial en la transición energética.
En definitiva, el viaje de España en el sector de las energías renovables sigue estando entrelazado con complejidades legales y arbitrajes internacionales. Las disputas en curso han planteado preguntas sobre su compromiso con los acuerdos internacionales y su capacidad para atraer inversión extranjera. A medida que el país enfrenta estos desafíos, su éxito en alcanzar ambiciosos objetivos de descarbonización depende de reconstruir la confianza del inversor y fomentar un entorno regulatorio favorable. A pesar de estos obstáculos legales, el progreso de España en energías renovables subraya su potencial para liderar los esfuerzos mundiales de sostenibilidad.
Yasmine Vakili, colaboradora de Fourlaw Abogados
