Este martes acabó el plazo de consulta pública de la propuesta del decreto para la identificación de ‘Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en Canaria’, un texto contra el que han alegado varias asociaciones ecologistas de las islas.
Se subvencionarán proyectos enfocados a impulsar la cadena de valor innovadora y de conocimiento. Los equipos y componentes esenciales objeto de subvención se enmarcan en las siguientes líneas de actuación:
- Almacenamiento eléctrico: Fabricación y ensamblaje de baterías, celdas de baterías y “battery packs”. No se incluyen las baterías que tengan por objeto principal su uso para movilidad eléctrica.
- Energía solar fotovoltaica: Fabricación y ensamblaje de paneles solares.
- Energía eólica: Fabricación y ensamblaje de turbinas eólicas.
- Bombas de calor: Fabricación y ensamblaje de bombas de calor.
- Hidrógeno renovable: Fabricación y ensamblaje de electrolizadores.
Vísteme despacio que tengo prisa
A juicioDaniel González, del Colectivo Tamaranae, la implantación de las energías renovables en el archipiélago está siendo «caótica», y esta nueva norma, que pretende agilizar los trámites para la instalaciones de parques fotovoltáicos o eólicos, contribuirá a ello.
Uno de los problemas, es que «hasta ahora lo que ha existido es barra libre para que grandes empresas instalen parques fotovoltáicos eólicos así como el resto de infraestructuras que llevan aparejadas) y ha sido así, resalta, «porque la mayoría de proyectos se aprueban bajo la figura del interés general y aunque las administraciones insulares o servicios del Gobierno de Canarias informen desfavorablemente, con esa figura da igual la normativa y terminan por aprobarlos».
Diversos colectivos ambientalistas y particulares denuncian el caótico despliegue de las energías renovables en el archipiélago
A iniciativa del Colectivo Tamaranae se ha desarrollado una campaña de alegaciones a la Consulta Pública Previa para la Propuesta de Decreto de Identificación de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en Canarias. En esta campaña ha sido apoyada por diversos colectivos de las islas entre los que se encuentra Turcón y la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción.
Qué sabemos del ‘texto’ de la petición:
Pedimos que se garantice la armonización del desarrollo de las energías renovables con la conservación de la biodiversidad, priorizando el ahorro, la eficiencia y la producción en autoconsumo con participación de la ciudadanía, y que la ocupación de nuevo suelo se limite a las zonas de menor sensibilidad para el patrimonio natural y cultural.
Para ello se debe:
- Concluir la planificación energética de las islas y la evaluación ambiental de la misma. En tanto que esto no ocurra, el Gobierno de Canarias debe garantizar que los nuevos proyectos que se aprueben no suponen un riesgo para la biodiversidad, y paralizar aquellos sobre los que existan dudas sobre su viabilidad ambiental.
- Priorizar el ahorro y la eficiencia energética, así como el impulso a las instalaciones de autoconsumo.
- Poner en marcha un mecanismo de seguimiento ambiental independiente de los parques eólicos y fotovoltaicos.
- Usar la mejor tecnología disponible para reducir las colisiones de fauna que se producen en las instalaciones eólicas y que se pongan en marcha protocolos de parada efectivos de aerogeneradores cuando se detecte una mortalidad significativa.
- Dotar a los cuerpos técnicos y jurídicos del Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares de los presupuestos y recursos humanos suficientes para una gestión adecuada de la energía renovable.
- Las organizaciones que quieran unirse al manifiesto y aparecer públicamente en la lista de promotores pueden ponerse en contacto con [email protected] / actualizada: [email protected].
Las organizaciones ecologistas denuncian la implantación descontrolada de macroproyectos energéticos que están causando un daño irreversible al territorio, la biodiversidad y la población, sin una planificación adecuada ni garantías de sostenibilidad.
Destrucción del territorio y amenaza para la biodiversidad
Los colectivos firmantes advierten que la implantación de grandes infraestructuras eólicas y fotovoltaicas está degradando hábitats esenciales para numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas en peligro de extinción.
Espacios valiosos como los tabaibales y cardonales, áreas prioritarias para la avifauna amenazada y ambientes semidesérticos de máximo valor ecológico están siendo sacrificados para proyectos que benefician a grandes grupos empresariales, sin atender al impacto ambiental acumulativo.
«Es inadmisible que se siga promoviendo un modelo energético basado en la especulación y el beneficio privado, mientras se ignoran los impactos sobre especies protegidas y se vulnera la normativa ambiental», denuncian los representantes de los colectivos.
Pérdida de suelo agrícola y desprecio por la soberanía alimentaria
Estos colectivos también señalan que la expansión descontrolada de las energías renovables está suponiendo la pérdida de suelo rústico protegido, en contradicción con las estrategias de soberanía y seguridad alimentaria. «El Gobierno de Canarias está desprotegiendo el suelo mediante declaraciones de interés general que benefician a empresas privadas, sin evaluar el impacto en el territorio ni en la población local«, afirman.
Falta de planificación y deficiencias en la evaluación ambiental
Critican que la implantación de renovables en Canarias se lleva a cabo sin una planificación energética a largo plazo y con evaluaciones ambientales insuficientes. En el caso de los parques fotovoltaicos, las empresas fragmentan proyectos para eludir la evaluación ambiental, mientras que en los parques eólicos se ignoran informes técnicos que alertan de graves afecciones a especies protegidas y a espacios naturales.
«No se está cumpliendo la legislación ambiental ni las directivas europeas que obligan a evaluar el impacto acumulativo de estos proyectos. Esta falta de control está condenando a la biodiversidad canaria a un colapso irreversible«, advierten las organizaciones ecologistas.
Impacto en la salud de la población
Además del daño ambiental, denuncian los graves perjuicios que estas infraestructuras están causando a las comunidades locales. El polvo en suspensión, el ruido de los aerogeneradores y el efecto sombra de las instalaciones están afectando a la salud y calidad de vida de los vecinos, sin que se les compense ni se les permita participar en la toma de decisiones.
Exigencias para una transición energética justa
Los colectivos reclaman que la planificación de las ZAR se haga con criterios ambientales y sociales estrictos, priorizando la instalación de renovables en espacios antropizados como tejados, aparcamientos e infraestructuras existentes. Exige también que se excluyan espacios protegidos, zonas agrícolas y áreas prioritarias para la biodiversidad.
«No nos oponemos a las energías renovables, pero exigimos que su desarrollo sea justo, sostenible y democrático. No podemos permitir que la lucha contra el cambio climático se convierta en una excusa para seguir destruyendo nuestro territorio«, concluyen los colectivos firmantes.
