El Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, aprueba medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, sobre la base de las propuestas formuladas por el comité creado para el análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad, que produjo un cero de tensión en el sistema eléctrico peninsular.
Las recomendaciones formuladas por el comité creado para el análisis de las circunstancias se estructuran en ocho bloques principales que abarcan distintas áreas críticas para reforzar la seguridad, estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico.
Entre esas medidas destinadas a la resiliencia del sistema eléctrico para el refuerzo de la supervisión y la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los agentes del sistema y la transparencia de datos, al almacenamiento, flexibilidad y mecanismos de capacidad y a la electrificación, a la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad.
Un decreto que no acaba de convencer
Se ha aprobado el Real Decreto-ley 7/2025 que persigue reforzar la seguridad del sistema eléctrico para que no vuelva a ocurrir un apagón como el del pasado abril. La norma incluye algunas medidas generales para evitar estas situaciones y otras para el refuerzo de la electrificación y el fomento de las energías renovables, pero no señala quién fue responsable del apagón, ni aclara si habrá compensaciones y tampoco evalúa el impacto de las medidas en las facturas de los consumidores.
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 7/2025 para reforzar la seguridad del sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril, en el que toda la península ibérica se quedó sin suministro durante varias horas, que incluye varias medidas para reforzar el control de la red y evitar que se pueda reproducir una situación tan grave como la que se vivió esta primavera.
En cambio, el decreto no recoge nada sobre posibles compensaciones a los usuarios, no determina quién se hace responsable del apagón y no contempla la repercusión económica que pueden tener algunas medidas.
Estas son las medidas contempladas en el decreto
En concreto, el Real Decreto introduce varias medidas generales que pueden contribuir a reforzar la garantía del suministro eléctrico, aunque todavía tardarán en definirse y empezar a aplicarse. Garantizar el suministro es una obligación que ya establecía la Ley del sector eléctrico y que se incumplió de forma clara el pasado 28 de abril.
Además, el decreto incluye otros apartados relacionados con el sistema eléctrico, pero que no están específicamente vinculados con el apagón.
Refuerzo del control y la supervisión
Hace unas semanas, se publicó el informe oficial sobre las causas de este apagón, que indicaba que el sistema tenía recursos suficientes para haber evitado el problema, pero falló la planificación de Red Eléctrica Española (REE) y hubo un mal funcionamiento de diferentes plantas de generación, aunque no daba los nombres de las empresas implicadas. Para evitar estas incidencias en el sistema, se han introducido estos cambios:
Supervisión reforzada
La CNMC tendrá más capacidad para inspeccionar y sancionar a los operadores eléctricos, obligándoles a cumplir con sus responsabilidades de control de tensión y seguridad del sistema. Se tratará de un control trimestral que se completará con una revisión de las instalaciones cada 3 años. La CNMC tiene seis meses para establecer en qué va a consistir exactamente ese control.
Más control de la tensión de la red
Se encarga a REE que proponga la normativa necesaria para proteger al sistema eléctrico de las oscilaciones de tensión. REE tiene entre 6 y 15 meses para hacer esas propuestas.
Revisión cada tres años de la red de transporte de energía eléctrica
Esta revisión permitirá hacer los ajustes necesarios a red, aunque excepcionalmente se va a poder modificar de manera ágil el Plan Actual, que iba de 2021 a 2023.
Estas medidas de refuerzo del control parecen razonables para evitar fallos, pero hay que vigilar que esa propuesta no dispare los costes del sistema eléctrico. No hay que olvidar que REE tuvo cierta responsabilidad en el apagón y es probable que trate de cubrirse las espaldas para el futuro, imponiendo unos márgenes de seguridad más amplios y unos requerimientos técnicos que pueden acarrear unos sobrecostes que acaben pagando los consumidores eléctricos.
¿Como avanzar en la electrificación?
Además de las medidas más estrechamente relacionadas con la garantía del suministro, el decreto introduce otras muchas mejoras de lo más variadas. Algunas de ellas están relacionadas con nuestras peticiones para el fomento del autoconsumo:
- Crece de 2 a 5 kilómetros la distancia a la que una planta de generación puede compartir la energía con otros consumidores eléctricos (evitando, por lo tanto, tener que pagar peajes o cargos por el uso de esa energía). Para facilitarlo se crea la figura del gestor de autoconsumo que puede facilitar hacer las gestiones de consumidores finales.
- Mayor facilidad para instalaciones de aerotermia y geotermia comunitarias al simplificar la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. Además, se permitirá que los ayuntamientos puedan bonificar el IBI (50%) y el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y Obras (95%)
- Se consolida la figura del agregador de demanda eléctrica, que facilita que muchos consumidores se agrupen para compensar los consumos de unos con la producción de otros y obtener un beneficio aportando flexibilidad al sistema (por ejemplo, dejando de consumidor en momentos concretos… o consumiendo en horas con precios negativos) Todavía está pendiente de otros desarrollos reglamentarios.
- El almacenamiento se potencia agilizando trámites administrativos y medioambientales. Esta medida también contribuye al control de la tensión en la red.
- Se centraliza la información de los contratos de suministros (lecturas…) en una gran plataforma digital. Ahora esta información está repartida por las más de 200 distribuidoras que hay por el país.
- Bonificación del 80% en el coste de los peajes para la industria electrointensiva en 2025. Se hace de forma retroactiva, porque esta medida fue una de las que decayó con el decreto ómnibus que no fue validado al comienzo del año.
¿Y quién paga las pérdidas?
Para OCU, aunque el Real Decreto Ley recoge medidas interesantes, como el refuerzo de la supervisión de la CNMC, las nuevas medidas del para garantizar el control de la tensión de la red o la revisión cada tres años de la red de transporte, no resuelve las cuestiones más importantes para los consumidores:
- no hay ninguna indicación sobre quién debe asumir la responsabilidad por el apagón,
- no se mencionan tampoco las compensaciones o indemnización para los afectados;
- no contempla la posible repercusión económica por los sobrecostes que surgirán de la revisión de la red y del refuerzo de la seguridad que proponga REE, ni se define cómo se van a repartir entre las distintas empresas y los consumidores.
