El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, lamenta que las 62000 familias españolas pioneras en invertir en energía fotovoltaica soporten vaivenes regulatorios y recortes desde que inició sus modestas inversiones y desde el –––pasado año se enfrenta, además, a un serio desajuste no previsto por el regulador, como en el propio BOE del Real Decreto Ley Antiapagones del Ministerio para la Transición Ecológica se reconocía de manera literal; pero desde el día en el que fue tumbado en el Congreso, no hemos tenido conocimiento de que solución está prevista para evitar esta nueva injustica que sufre el colectivo.
Con rentas muy limitadas y sin respuestas a la incertidumbre que soportan desde hace meses. Estas ‘familias’ reclaman y precisan una solución consensuada, que se hace más urgente a cada laudo que se conoce en el que se condena al Estado español a compensar a los inversores extranjeros que realizaron estas mismas inversiones en España en el mismo marco regulatorio que los familias fotovoltaicas pioneras.
Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica
Anpier reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que articule una solución urgente para resolver la disfunción normativa que supondrá el enésimo recorte de ingresos para las 62.000 familias españolas que, atendiendo un llamamiento del Estado, tuvieron como misión madurar la tecnología fotovoltaica acogidos a un marco regulatorio que en su momento era sencillo y previsible; pero que sufrió hasta diez cambios retroactivos que fueron recortando las retribuciones que garantizaba el Estado en un 30% de media, a lo que ahora se suma esta nueva merma adicional.
Los productores fotovoltaicos pioneros de nuestro país perciben una retribución por el esfuerzo inversor en fotovoltaica, lo que ahora permite a todos los españoles tener una tecnología limpia, autóctona e inagotable, y tan barata que ha desplomado los precios de la energía, en beneficio de nuestros hogares, de las empresas y, por lo tanto, del bienestar social y económico.
Para recibir los ingresos, estas instalaciones han de probar su óptimo funcionamiento, alcanzando un determinado número horas de producción de energía anuales; sin embargo, una interpretación del regulador de una norma posterior (año 2018) que no iba referida a este tipo de instalaciones pioneras, asimila que, en las numerosas horas en el que el mercado registra precios cero o negativo, estas plantas “no están en funcionamiento” -cuando sí operan con absoluta normalidad- y obliga a los productores a devolver sus ingresos por, supuestamente, no alcanzar un compromiso, que en la práctica sí están cumpliendo.
Este absurdo y lesivo desajuste regulatorio encontraba solución parcial en el Real Decreto Ley Antiapagones, que no fue convalidado en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de julio. En dicho Real Decreto Ley se reconocía que la norma original no contemplaba la gran cantidad de horas a precios cero y negativos de la energía eléctrica que, precisamente gracias a la energía fotovoltaica, está registrando el mercado; por ese motivo reducía en un 25% el número de horas necesarias para alcanzar la retribución regulada, un parche que, al menos, salvaba a las 62000 familias de un absurdo sin precedentes. ECOticias.com
