El Puerto de Alicante no quiere pedir licencia ambiental para la carga y descarga de graneles

Así lo ha informado el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, quien también forma parte del Consejo, al igual que Pavón y el portavoz del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido.

La Autoridad Portuaria de Alicante tiene previsto aprobar en su próximo Consejo de Administración, programado para este jueves, un recurso de reposición frente al decreto de la Concejalía de Urbanismo –dirigida por Miguel Ángel Pavón (Guanyar)– que le da de plazo hasta el 24 de septiembre para que solicite la licencia ambiental de la actividad de carga y descarga de graneles pulverulentos en la dársena.

Así lo ha informado el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, quien también forma parte del Consejo, al igual que Pavón y el portavoz del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido.

Echávarri se ha manifestado en estos términos a preguntas de los periodistas durante el acto de presentación del IV Congreso de Investigación e Innovación de Enfermedades Neurodegenerativas que se celebra del 21 al 23 de septiembre en la ciudad y que contará con la presencia de la reina Sofía.

En el acto, celebrado este lunes en el hall del Ayuntamiento, también han participado María Ángeles Pérez, gerente de Fundación CIEN (Fundación Centro de Investigación Enfermedades Neurológicas) y CIBERNED (Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas); Javier Sáez Valero, investigador principal de CIBERNED y profesor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elx, y el secretario de la Fundación Reina Sofía, José Luis Nogueira, además de las concejalas de Turismo, Eva Montesinos, y Sanidad, Sonia Tirado.

Así, el primer edil ha vuelto a «tranquilizar» a los trabajadores y a las empresas del Puerto y ha destacado que se trata de una actividad «importantísima» en la ciudad y que es «motor» de la provincia.

No obstante, ha puntualizado de nuevo que hay una «controversia jurídica» sobre quién es «el sujeto obligado» que debe pedir los permisos, ya que la Conselleria de Medio Ambiente dice que es la Autoridad Portuaria, mientras que el Puerto mantiene que tiene un informe de la abogacía del Estado donde se afirma que son las empresas.

Por ello, ha avanzado que «esto acabará seguramente en un contencioso» y un juez decidirá cuál de los dos informes es el válido, pese a que ha apuntado que ambos son legítimos. Una vez determinado el sujeto obligado, se le «obligará todo», como ha resaltado

ep

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