La Ley ha tenido impactos positivos y fundamentales, permitiendo avances importantes. Ha generado una política de estado donde antes reinaba la desidia.
Hace una década se aprobaba laLey 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques nativos.Su sanción fueun avance sin precedentes en materia ambiental para Argentina; unlogro trascendental en la participación de la sociedad civilen el reclamo efectivo de una norma de protección ambiental.
La Ley ha tenido impactos positivos y fundamentales, permitiendo avances importantes.Ha generado una política de estado donde antes reinaba la desidia.
Se produjo una desaceleración de la deforestación en el país.El escenario sin Ley de Bosques sería totalmente distinto, en detrimento de nuestro monte.
Aún quedan varias cuestiones pendientes. Lo importante es saber quela Ley de Bosques nos brinda los medios necesarios como para atenderlas y superar los obstáculos.
Recientemente, en la Cumbre de Cambio Climático en Bonn, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable manifestó que tanto la Ley de Bosquescomo los “proyectos de leyes de ordenamiento territorial requieren revisión porque son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación, fiscalización y de ejecución eficientes para su fin.”
Desde FARN sostenemos que laLey de Bosques cuenta con claros mecanismos para su implementación y fiscalización efectivas, y que lo que debe revisarse entonces es el accionar de las autoridades de aplicación, quienes por años han eludido el cumplimiento de las responsabilidades a su cargo. No se puede admitirretroceso alguno en los niveles de protección ya alcanzados.Se debe trabajar, por el contrario, en ser cada vez más tuitivos.
