Los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya 2020 incluyen un impuesto medioambiental al sector de comunicaciones

La patronal considera que un impuesto nuevo genera inseguridad jurídica e incrementa la incertidumbre, y el incremento de la presión fiscal sobre un sector «hipergravado» representa una amenaza para el desarrollo digital del mercado, según Richart.

La patronal del sector tecnológico, DigitalES, ha expresado este viernes su rechazo a que los Presupuestos de la Generalitat de 2020 incluyan un impuesto medioambiental al sector de comunicaciones, porque lo ve innecesario para una actividad que «no genera daño medioambiental».

Lo ha dicho en referencia al impuesto previsto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, que gravará actividades de producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica, así como elementos fijos de transporte de energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones.

La patronal, que reúne a las principales empresas de tecnología y telecomunicaciones de España, considera que la nueva figura impositiva implicará una reducción de las inversiones «equivalente al impacto del impuesto«, y repercutirá en el precio de venta de los productos y servicios.

La directora general de la asociación, Alicia Richart, ha defendido que la instalación de redes y la actividad que implica no genera daño medioambiental, y ha añadido que «la exigencia de este impuesto condicionado al impacto visual de las redes resulta contradictoria con los objetivos públicos de despliegue y desarrollo de la sociedad digital».

«Resulta contradictorio que se quiera impulsar a Barcelona y Catalunya como unos de los ‘hubs’ tecnológicos y de innovación de ‘start-ups’ más importantes de Europa, y a la vez se establezcan trabas impositivas a las infraestructuras tecnológicas que facilitan el crecimiento de estos ecosistemas», ha advertido Richart.

Impacto positivo y 5g

La asociación empresarial ha defendido que las telecomunicaciones tienen un impacto positivo en el medio ambiente, porque permiten reducir los desplazamientos de la población al disponer de gestión remota, además de optimizar procesos en ámbitos como la agricultura, la fabricación, las rutas logísticas y la gestión de ciudades.

Así, cree que «no se puede gravar o incluso en mayor medida el impacto medioambiental de la actividad de telecomunicaciones» que el impacto de otras actividades que sí pueden incidir en el medio ambiente, ha sostenido Richart.

La patronal apuesta por un escenario regulatorio que incentive las inversiones en ámbitos como el 5G, y ha destacado que los operadores del sector de telecomunicaciones emplean a más de 4.100 trabajadores en Catalunya y que en 2017 su actividad generó 7.950 millones de euros, según un estudio de Deloitte.

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