La Comisión Europea ha urgido este jueves a España a completar la designación de 345 zonas de especial conservación (ZEC) situadas en los Pirineos.
Bruselas ha enviado una nueva carta a España en el marco del procedimiento de infracción que abrió en 2015. En concreto, pide a las autoridades nacionales que designen como ZEC todas los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que aún no cuentan con esta calificación.
El Ejecutivo comunitario ha especificado en un comunicado que todavía quedan por designar como Zonas de Especial Conservación un total de 345 áreas de los 1.278 Lugares de Importancia Comunitaria del país.
«Además, la Comisión opina que ha habido una práctica general y persistente por parte de doce comunidades autónomas y a nivel central en la cual no se han detallado y cuantificado suficientemente ni los objetivos de conservación ni las medidas de conservación necesarias», han añadido las autoridades europeas.
Con este nuevo aviso, Bruselas da dos meses a España para «remediar la situación o, de lo contrario, podría dar el siguiente paso en el expediente sancionador, que en última instancia podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
Último aviso para atajar la contaminación por nitratos
El Ejecutivo comunitario sí que ha dado este paso intermedio en el caso del procedimiento de infracción abierto en 2018 a España por no actuar correctamente para atajar la contaminación de sus aguas por nitratos procedentes de la actividad agraria.
Las autoridades europeas han reconocido «algunos avances» con respecto a esta cuestión, pero también han remarcado que España todavía necesita «asegurar la estabilidad» de la red de vigilancia de nitratos, revisar y designar nueva zonas vulnerables a esta sustancia en varias regiones, e incluir «todos los elementos obligatorios» en los programas de acción de varias comunidades autónomas.
De la misma forma, España debe adoptar nuevas medidas y reforzar las ya existentes para cumplir con los objetivos marcados por la directiva, en especial para combatir el problema de eutrofización o acumulación de residuos orgánicos que existe todo el país.
España dispone ahora de un plazo de tres meses para cumplir con todos las exigencias de Bruselas, que podría elevar el caso a la Justicia europea si superado ese tiempo considera que no se han adoptado las medidas adecuadas.
Responsabilidad medioambiental
Por último, la Comisión Europea ha abierto expedientes a España y otros 15 Estados miembros para que incluyan en sus legislaciones nacionales a todas las personas físicas y jurídicas a las que la normativa comunitaria da derecho a reclamar actuaciones para evitar o remediar daños sobre el medio ambiente.
Bruselas ha identificado 16 socios comunitarios cuyas legislaciones «no cubren todas las categorías de personas físicas y jurídicas» que dispone la directiva sobre responsabilidad medioambiental. Se trata, en concreto, de Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, España, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
De nuevo, el envío a los gobiernos de estos países de una carta de emplazamiento representa el primer paso del procedimiento de infracción, que podría llegar al TUE si el incumplimiento se mantiene y Bruselas no ve avances al respecto.
