El cambio climático está reduciendo los recursos hídricos disponibles, por lo que resulta imprescindible que haya una reducción progresiva en el consumo de agua, especialmente en el sector agrícola, para ajustarlo a este escenario de emergencia climática.
El agua es esencial para el mantenimiento de los ecosistemas y del medio ambiente. Asimismo, el acceso de las personas a este bien común y al saneamiento es un derecho humano, por lo que nunca debe supeditarse a intereses económicos y financieros.
Viejos reclamos de las ONG sobre el agua
La construcción de pantanos innecesarios, el desecado de humedales como sucede con Doñana, la contaminación de fuentes de agua como la que aconteció con el lindano o algunos transvases que no tiene razón de ser son algunos de los hitos que desde hace ya muchos años vienen señalando las organizaciones ecologistas como ‘sumideros’ hídricos prescindibles.
Destacan casos como el transvase del Tajo-Segura, por el daño que está produciendo en la cuenca donante, así como el del Siurana-Riudecanyes (Tarragona), que deja literalmente seco el río Siurana, con las consecuencias ambientales que ello conlleva.
Por otra parte, uno de los reclamos más antiguos de las ONG ambientalistas es que se detenga por completo la implantación de nuevos regadíos, cuya superficie no deja de aumentar, y que supone actualmente más del 90 % del consumo neto de agua. También reclama reducir la superficie regada en España hasta niveles sostenibles, que están estimados en 3 – 3,2 millones de hectáreas, casi la mitad de lo que hay actualmente implantado.
Agua, cambio climático e intereses espurios
El cambio climático está produciendo una reducción de los recursos hídricos disponibles, así como un incremento en la frecuencia e intensidad de las lluvias torrenciales. Esta situación sumada a las olas de calor y a los eventos extremos, provoca una ruptura de los equilibrios ecosistémicos.
Por eso es esencial que se produzca una reducción progresiva en el consumo, especialmente en el sector agrícola, para ajustarlo al nuevo escenario. El agua potable y el saneamiento deben ser accesibles para toda la población, con independencia de que puedas pagarlos o no, pues se trata de derechos humanos inalienables y, por tanto, universales, que se deben garantizar. Según muchas ONG, el abastecimiento de agua potable debería gestionarse desde el sector público de forma directa, transparente y participativa.
Por otra parte, es necesario seguir trabajando en la mejora de la depuración de las aguas residuales y frenar por completo la contaminación difusa generada por la agricultura y ganadería industriales o intensivas, que le ha valido al Estado español, por parte de la Comisión Europea, la apertura de varios procedimientos de infracción, ante «la insuficiente protección de sus aguas contra la contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias».
Este sector está dañando de manera casi irreversible muchos acuíferos y manantiales, inutilizándolos para el uso y consumo humano, vegetal y animal y es cada vez mayor el número de poblaciones que, a causa de ello, carecen de agua de grifo potable y de la biodiversidad que perece a causa de la sed. Por ello, los caudales ecológicos deberían garantizarse para todos los cursos de agua temporales y permanentes. Y sería esencial que se garantizasen con criterios ambientales, sin estar condicionados por otros usos consuntivos.
Es necesaria una gestión más ambiental y social del agua, que no puede estar condicionada, como ocurre hoy, por intereses de diferentes sectores económicos como son el agroganadero industrial, las empresas constructoras y las energéticas.
Lo cierto es que digan lo que digan dichas organizaciones, su objetivo final es el lucro, por lo que es normal que velen por sus propios intereses. El problema se plantea cuando lo hacen a costa de la destrucción del medio ambiente, la biodiversidad y la calidad de vida, además de los derechos del conjunto de la población.
