En septiembre, el gobierno español anunció que el proyecto Altri no cumple con los requisitos necesarios que le permitirían ‘engancharse’ al sistema de la red de eléctrica, ni ayudas para la descarbonización a la macrocelulosa de Altri.
Dadas tales circunstancias, los ecologistas ya le han exigido a la Xunta de Galicia que cancele la autorización que se le había dado a dicho proyecto, puesto que es inútil seguir adelante, ante la evidencia de que no contará con energía eléctrica para poder funcionar, sin embargo Altri sigue adelante a pesar de todas las ‘trabas‘.
La macrocelulosa de Altri avanza en Galicia en medio de una fuerte contestación social
La aprobación ambiental por la Xunta y el respaldo institucional contrastan con movilizaciones masivas, la falta de conexión eléctrica y la incertidumbre sobre la financiación europea.
Una gran contestación social desconocida en Galicia desde los tiempos del Prestige, además de la falta de conexión eléctrica y de ayudas para la descarbonización, no han logrado impedir en 2025 que el proyecto de macrocelulosa de la multinacional portuguesa Altri siga por el momento adelante.
La Xunta continúa apoyando la instalación de la factoría y, aunque aún no le ha concedido la autorización definitiva, sí aprobó en marzo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que supuso un espaldarazo al controvertido proyecto en el municipio lucense de Palas de Rei, lindando con la Serra do Careón, una Zona de Especial Conservación de la Red Natura.
El Gobierno central, por su parte, le ha negado los fondos del Perte de descarbonización, mientras que están todavía en el aire el resto de fondos europeos extraordinarios de 250 millones de euros, que la empresa considera necesarios para llevar a cabo el proyecto.
Además, la planificación energética del Ejecutivo ha dejado fuera el plan de Altri, al ser Lugo, de todas las provincias gallegas, la única que no sale reforzada, de modo que con sus conexiones actuales no existe la opción de que una empresa grande, ni tampoco una de mediano tamaño, se instale.
El respaldo institucional y la declaración de impacto ambiental
Pese a las 25.000 alegaciones que -según la Plataforma Ulloa Viva– se presentaron a su aprobación, el Diario Oficial de Galicia publicó el 14 de marzo la DIA favorable al proyecto considerándolo «ambientalmente viable» y de carácter «estratégico» para la comunidad.
Con todo, el permiso se otorgó bajo una serie de condicionantes que obligaban a implantar estaciones de tratamientos para las aguas residuales, así como una chimenea de 75 metros de altura con la que las emisiones «no afectarán a la salud humana o al medio ambiente«.
También estipuló que se empleará eucalipto existente y/o excedentario que en la actualidad se comercializa fuera de Galicia por falta de mercado interior, por lo que no sería preciso incrementar las plantaciones de esta especie.
«No hay afección sobre la salud de las personas, no hay afección significativa sobre especies protegidas ni tampoco sobre el Camino de Santiago; es perfectamente compatible con la agricultura y la ganadería, incluida la ecológica«, aseguró la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, tras la publicación de la DIA, resaltando que la declaración estaba «avalada por 32 informes y 42 técnicos«.
También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidió «respeto» para los técnicos y consideró que ahora le tocaba al Gobierno central «mover ficha» respecto al financiamiento y la conexión eléctrica del proyecto.
Pero la factoría fue excluida, en primera instancia, del Perte de descarbonización, donde aspiraba a 30 millones de euros, al lograr la segunda peor puntuación de los proyectos presentados. Tras ello, la sociedad que la impulsa, Greenfiber -participada por Altri y Greenalia– desistió formalmente de los fondos.
«Desde luego, es una señal clara de que ese proyecto no va a contar con ayudas por parte de la Administración General del Estado. Y por supuesto, entendemos que tenemos siempre que abogar por proyectos que tengan garantías ambientales«, dijo la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en unas palabras que parecían cerrar la puerta a también a otro tipo de financiación europea.
Una movilización social comparable al Prestige
La declaración favorable de impacto ambiental espoleó la protesta contra la factoría, que ya en 2024 había reunido a cerca de 20.000 personas en Palas de Rei, más de seis veces la población de este municipio lucense, y a miles en Santiago y otros lugares de Galicia.
Apenas dos días después de la aprobación de la DIA, los pueblos de la cuenca del río Ulla expresaron su oposición al plan de Altri y el 22 de marzo cerca de 50.000 personas, según los convocantes -que la Policía rebajó a 20.000- se manifestaron en A Pobra do Caramiñal junto a 600 barcos por la Ría de Arousa.
Una «reacción social» sin precedentes cercanos, destacó ese día el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos, al considerar que habría que remontarse a la marea negra del Prestige para ver una «movilización sostenida en el tiempo» como la provocada por la macrocelulosa.
La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), que convocó esa manifestación y ha sido muy activa en las protestas, considera que el proyecto contaminará el agua del río Ulla y la de la mayor de las rías gallegas, en la que desemboca, con lo que pondrá en peligro además la viabilidad de los sectores acuícola, pesquero, agrícola y ganadero.
Las protestas de todo tipo contra el proyecto de Altri se han sucedido a lo largo de 2025: desde balsas, kayaks y piraguas descendiendo por el río Ulla, maratones o cadenas humanas, hasta un certamen en Redondela (Pontevedra), que convierte basura en obras de arte y que este año ha cambiado su nombre de ‘ArteLixo‘ por el de ‘AltriLixo‘.
Con el inicio del verano y de las miles de fiestas en los innumerables núcleos de población de Galicia, un grito se popularizó y se extendió por las verbenas: «Outra sí, Altri non«, petición que ha reemplazado al clásico «Otra, otra» para demandar una canción más.
La oposición a Altri se instaló este año en parte de la cultura popular y surgió tanto en verbenas con orquestas como en conciertos de grandes grupos, en las ciudades y en el rural.
Hasta belenes navideños como el de Xestoso (A Coruña) han protestado contra el proyecto.
Entre quienes se opusieron a Altri, además de grupos ecologistas, organizaciones vecinales, sectoriales y sindicatos, están partidos como el BNG, el PSdeG, Sumar y Podemos, o el Consello da Cultura Galega, integrado, entre otros, por universidades y centros de investigación.
El sello europeo STEP y las incógnitas sobre la financiación
Aunque la financiación europea parecía cada vez más difícil, el 7 de noviembre la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) otorgó al proyecto GAMA de Altri el sello STEP por su “carácter estratégico” para mejorar la competitividad de la Unión Europea (UE).
Se trata de una etiqueta de calidad otorgada por la Comisión Europea para facilitar el acceso a oportunidades de financiación en el marco de los programas de la UE y que permite el acceso a medidas de ayuda estatal previstas en el Pacto Industrial Limpio.
Esa concesión abre la puerta a que Altri pueda pedir financiación al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y lo posiciona, según el documento remitido a la empresa por CINEA, «como prioritario dentro de los instrumentos financieros y programas europeos existentes, en el marco de las políticas de competitividad, transición verde y digital de la Unión Europea”.
Así las cosas, el pasado 14 de diciembre decenas de miles de personas -80.000, según los organizadores- volvieron a manifestarse en Santiago de Compostela. Seguir leyendo en ECOticias.com / EFE
