Los expertos señalan que el proyecto de Altri es inabordable no solo desde su óptica medioambiental, sino también al evaluar su viabilidad económica o al considerar el sector primario tanto en su vertiente agro ganadera como en la forestal, sin olvidar los factores sociales vinculados a las externalidades que el territorio genera.
En España ya hay diez fábricas de celulosa que solo en el año 2022 utilizaron 4.989.638 de m3 de materia prima, para producir un total de 1.544.443 Tn de pasta de celulosa, lo que suponen casi la mitad del consumo de árboles de eucalipto existentes en España.
Este proyecto incrementaría la demanda de eucalipto para la industria de la pasta de celulosa en España en casi un 50 %. A ello se le suma la problemática del agua que se necesita para su funcionamiento, a la probable contaminación de las fuentes empleadas (río Ulla) y mucho más. Por ello, los ecologistas insisten en su lucha contra el proyecto de Altri.
No se puede permitir que el proyecto de Altri se haga realidad
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) han anunciado este viernes la puesta en marcha de acciones legales conjuntas para intentar evitar la construcción de la macrofactoría de celulosa que proyecta Altri en Palas de Rei (Lugo).
La vía que han elegido, según han explicado en una rueda de prensa, es la presentación de un recurso de alzada, condición previa al contencioso judicial, por el silencio administrativo de Augas de Galicia ante la solicitud de archivo del expediente de concesión de aguas procedentes del río Ulla con destino a uso industrial que solicita Greenfiber, filial de Altri.
Las asociaciones que promueven las acciones legales señalan que en la tramitación de la concesión de aguas solicitada por Altri (46.000 m³/día), el Reglamento del Dominio Público Hidráulico fija un plazo máximo de 18 meses para resolver, tras el cual la solicitud se entenderá desestimada.
Según ellos, ese trámite comenzó, como muy tarde, el 30 de noviembre de 2022 y el plazo para resolver habría finalizado el 30 de mayo de 2024, 18 meses después de la fecha de la primera publicación en boletín oficial. En febrero, Adega y PDRA pidieron a la directora de Augas de Galiza que declarase la caducidad del procedimiento, sin haber recibido a día de hoy, más de 3 meses después, una resolución expresa.
Afirman estas asociaciones que la petición quedó desestimada por silencio administrativo, un acto que acaban de recurrir en alzada y que, frente a un eventual nuevo silencio o desestimación, derivará en una demanda por la vía contencioso-administrativa, han anunciado.
Para emprender estas acciones legales, cuentan con los cerca de 40.000 euros que recaudaron en apenas 20 días en la campaña “Xustiza para o Ulla”. El proyecto de Altri dispone de la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable de la Xunta, aunque con condicionantes, pero aún carece de la Autorización Ambiental Integrada, entre otros trámites. EFE / ECOticias.com
