Este punto no es ‘baladí’ ya que puede promover actitudes ‘delictivas’ respecto a los bosques y su posterior utilización de los terrenos ‘fulminados’.
La ‘estúpida’ Ley de Montes del PP es una norma cuya contenido desprende de todo menos seguridad y confianza por parte de los ámbitos repercutidos. Hay un concepto que enciende los ánimos en general y es el que abre la posibilidad de cambiar el uso de los terrenos quemados que desde el año 2.003 está prohibido hasta 30 años después de un incendio.
Este punto no es ‘baladí’ ya que puede promover actitudes ‘delictivas’ respecto a los bosques y su posterior utilización de los terrenos ‘fulminados’.
Es especialmente ‘sospechoso’ el artículo 50 del proyecto de la ley que incluye una excepción a la prohibición general: las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal de un monte quemado cuando se den ‘razones de interés general’ un cajón de sastre donde cualquier cosa vale.
España por desgracia en este último decenio está en franca decadencia en cuanto a la defensa del bien común y a la vez para ‘aderezarlo’ posibilita vía Decreto Ley la prevaricación respecto a intereses urbanísticos en detrimento de la naturaleza.
El artículo 50 abre las puertas a la quema intencionada para posteriores beneficios de recalificación de los terrenos, eso es una ‘obviedad’ y quién no lo quiera ver es que quizá, quizá, este predispuesto a mirar hacia otro lado.
Una Ley de Montes es ‘incomestible’ con normativas que cuasi propician el delito, que indican el camino a seguir para delinquir, algo está fallando, pero por su obviedad NO se entiende una rectificación en ese sentido, y mientras esa ley no cambie todo este asunto estará a perpetuidad ‘bajo sospecha’.
El Gobierno admite ‘abiertamente’ que existe la posibilidad de que ocurra lo que denuncian los medioambientalistas, pero aseguran que es muy remota esa posibilidad, y me pregunto ¿bajo qué criterio afirman esto y soslayan lo contrario?.
En este país hay muchos montes que están abandonados y se están deteriorando, hay que evitar ese abandono dice el Ejecutivo, un monte gestionado es un monte cuidado machaca el ministerio de Medio Ambiente, pero… ¿y las garantías?.
Los propietarios realizarán sus propios planes de gestión forestal y me pregunto, ¿y hasta ahora por qué no lo hacían?.
No es algo casual que todas las leyes ambientales del PP estén llenas de excepciones como la ley de costas, la ley de Patrimonio Natural y la de montes, es más bien es una forma de entender la protección del medioambiente, en este caso la ‘desprotección’ por ‘ley’ de nuestro entorno natural.
Opino que cada fuego forestal, y su posterior gestión, ya no depende de una ley que de ‘facto’ puede encubrir intereses del todo inconfesables, depende de la ciudadanía, de hacer un seguimiento ‘objetivo’ para impedir la ‘prostitución’ de nuestros bosques, y denunciarlo abiertamente ante la justicia.
De algún modo todos debemos ‘velar’ por la sostenibilidad de nuestro entorno, la LEY no está por la labor, pero los ciudadanos/as sí podemos ejercer ese papel ‘regulador’ y desde luego primordial.
Podemos ser recordados como aquellos que permitimos este ‘desacato’, o bien por ser la generación que lo denunció y no consistió esta ‘barbarie’ mercantilista que acecha a nuestros bosques.