Contaminación de aguas y de ríos desaparecidos en Salamanca por el uso abusivo en regadíos

En concreto, han explicado que hay pozos legales que captan agua por encima del límite establecido, a lo que se suman otros «muchos» que están presentes dentro de las fincas de manera ilegal.

Ecologistas en Acción (EA) ha alertado de contaminación de aguas para el consumo humano y de ríos que «han desaparecido» por «el desproporcionado uso de una agricultura industrial e intensiva de regadío» que afecta a las comarcas de Peñaranda y Las Villas.

Según han explicado las integrantes de este colectivo ecologista Alicia González y Carolina Martín, este hecho tiene «repercusiones muy claras en el medio ambiente y en la salud de los ciudadanos» y, por ello, han presentado este miércoles en el registro de la Junta en Salamanca cinco denuncias con «muchos» casos que influyen en lo señalado.

En concreto, han explicado que hay pozos legales que captan agua por encima del límite establecido, a lo que se suman otros «muchos» que están presentes dentro de las fincas de manera ilegal, que han hecho que ríos que existían y corrían libremente» como el Poveda o el Guareña hayan «desaparecido», y que humedales como el de Cantalpino ya no exista, porque «han esquilmado el agua».

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Esto ha provocado, según han explicado, junto a lo que consideran un elevado número de hectáreas ya de por sí de regadío y al uso indebido de fitosanitarios, como el lavado de cubas con estos productos, que en los últimos años se hayan registrado problemas también en el abastecimiento de agua para los vecinos.

Por ejemplo, han recordado que hace un par de veranos, en agosto, los habitantes de Cantalpino no pudiesen usar el agua corriente «ni para lavarse los dientes», un hecho que no han considerado «puntual», y han insistido en los inconvenientes de este uso «desproporcionado» que puede afectar a localidades de ambas comarcas como Peñaranda de Bracamonte, Babilafuente u otros municipios más pequeños.

En un encuentro con los medios, previo al registro de las denuncias, Alicia González y Carolina Martín han pedido a las administración que «no se pasen la pelota» y que «tomen cartas en el asunto», porque «quien paga las consecuencias es la ciudadanía».

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