- FFW presenta una denuncia administrativa contra la decisión de la Junta de Castilla y León, pidiendo al Ministerio que anule las disposiciones que permiten batidas excepcionales en pleno confinamiento.
- Recuerdan que la caza no está catalogada como actividad esencial ni exceptuada en el Real Decreto 463/2020
- La Junta miente al vincular el “alto riesgo zoonótico” por PPA, con los salvoconductos otorgados a los escopeteros.
La Fundación Franz Weber ha hecho efectiva una denuncia administrativa contra la Junta de Castilla y León por su intención de permitir las cacerías de animales silvestres, como jabalíes y conejos, en la fase actual de la alerta sanitaria, al entender que esta medida podría vulnerar el Real Decreto 463/2020 y sus sucesivas órdenes ministeriales.
La ONG con misión permanente en Castilla y León, advierte que la iniciativa del gobierno autonómico plantea una discriminación positiva injustificada, y podría ser ilegal por constituir una amenaza para la Salud pública el hecho de permitir que una persona disponga de un salvoconducto explícito por encima de cualquiera de las actividades permitidas.
LIBERA! señala que el propio Ministerio de Agricultura no menciona la caza en la nota remitida a los medios el pasado 14 de Abril, pero ha servido de excusa para que la Junta y otros territorios (como la Xunta de Galicia) abran la puerta a legalizar los permisos de caza por motivos supuestamente excepcionales, como daños agrícolas – pese a que se prevén buenas cosechas- o accidentes de tráfico, incidentes viarios que habrían descendido gracias al menor número de vehículos en las carreteras.
La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, miente cuando argumenta en la Instrucción 2/FYM/2020 de 20 de abril, la permisividad a los escopeteros de en el “elevadísimo riesgo zoonótico por peste porcina africana”, cuando el caso más reciente y cercano está en la frontera entre Polonia y Alemania y el propio Ministro Planas, aseguraba en octubre del pasado año que España estaba absolutamente libre de PPA.
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En este sentido critican que se otorgue un soporte pseudolegal a permitir que cazadores interrumpan el confinamiento social para salir al monte a matar animales, cuando no aportan ni un solo dato científico real.
Además, los animalistas advierten que permitir más salidas mientras se sigue trabajando para erradicar la pandemia de Covid-19 contraviene los posicionamientos de los expertos y supone un claro riesgo para la Salud Pública en los municipios castellano leoneses y en especial en las localidades de menor tamaño con menor capacidad de reacción médica.
El escrito ha sido remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad, que según algunas informaciones ya se habría opuesto a que las comunidades establecieran órdenes o resoluciones para facilitar la caza, unas intenciones que en el caso de Castilla y León, facilitan salir de casa al 1,4% de la población frente al 98,6% y plantea discriminaciones adicionales para los más pequeños de la casa, cuyo tiempo máximo en el exterior es de una hora frente al tiempo que pueden permanecer los escopeteros en el monte.
