El Gobierno ha detectado un «elevado porcentaje» de muestras que han resultado positivas en COVID-19 realizadas mediante pruebas RT-PCR a visones americanos en España.
Así consta en una respuesta escrita del Ejecutivo a la pregunta presentada por el diputado Juan Antonio López de Uralde, de Unidas Podemos, que solicitaba al Gobierno datos sobre granjas de cría de visones en España y preguntaba si había habido contagios por coronavirus en ellas.
El Gobierno expone en su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, que «desde el conocimiento de la presencia de la COVID-19 en granjas de visones en Holanda, se informó a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de mantener a todas las explotaciones de visones bajo vigilancia, recordando la necesidad de reforzar las medidas higiene y bioseguridad de las mismas».
«Hasta este momento, y tras el conocimiento de trabajadores positivos a la enfermedad en una granja de visones, se ha comprobado que los animales no presentaban signos clínicos de enfermedad, y se ha procedido a la vigilancia y toma de muestras», recoge el documento, que añade que, como resultado de la misma, «se ha detectado un elevado porcentaje de muestras que han resultado positivas por RT-PCR».
La respuesta también recoge el número de explotaciones de visones por comunidades autónomas que consta en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), establecidas por el Real Decreto 479/2004. Según los datos ofrecidos, en España hay 37 explotaciones, que están establecidas en sólo cinco comunidades. La mayoría se concentra en Galicia, donde hay 31. El resto se encuentra distribuido en País Vasco, Aragón, Castilla y León y Valencia.
La evolución del número de explotaciones en España, a lo largo de la última década, ha sido de una ligera disminución progresiva del número de granjas, pasando de 39 en 2011 a 37 en 2012 hasta llegar a las 41 en 2015 y 2016. A partir de este año, disminuyeron hasta volver a alcanzar las 37 en 2020.
Asimismo, según advierte el Gobierno en la respuesta, la solicitud de nuevos permisos, de acuerdo con los establecido en la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, se realiza a la autoridad competente de la comunidad autónoma donde se ubica la granja, por lo que «no se trata de una información en poder de la Administración Central hasta que eventualmente la solicitud se aprueba y la granja se registra».
