En enero de 2011 vence una moratoria acordada por ambos países sobre los llamados yacimientos transfronterizos en el golfo, que impide desde entregar concesiones hasta explotar el crudo.
Pero México prevé acelerar las tareas de exploración en su lado del golfo, cosa que su vecino hace desde 1996.
«El accidente abre el debate sobre las regulaciones de la exploración en alta mar. Para hacerlo deben tener todos los estudios de impacto ambiental y de riesgos bien establecidos, y eso puede dar materia para regular», dijo a IPS Jorge Zarco, editor de la revista especializada Petróleo&Energía.
La torre de perforación Deepwater Horizon, de la firma suiza Transocean Ltd. y alquilada por la empresa transnacional British Petroleum (BP), estalló y se incendió el 20 de abril frente a las costas del sudoriental estado estadounidense de Louisiana y se hundió dos días después.
La tragedia dejó 11 trabajadores desaparecidos y 17 lesionados. La negra mancha, que tocó tierra el jueves en Louisiana, ya superó los 9.000 kilómetros cuadrados y amenaza con convertirse en el peor desastre ecológico en América del Norte.
El pozo abierto y la instalación rota liberan unos 5.000 barriles (800.000 litros) diarios.
«Cualquier programa de exploración y explotación que se haga en zonas o en ecosistemas vulnerables debería poner especial atención sobre los temas de seguridad», planteó a IPS Daniel Chacón, administrador general de la binacional Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza.
La seguridad «tendría que tener la mayor preponderancia, por encima de cualquier otra consideración económica o técnica», enfatizó.
La Comisión, surgida en 1993 en el marco de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido por sus siglas en inglés Nafta y vigente desde 1994), reúne a agencias mexicanas y estadounidenses y a los gobiernos estatales de ambos lados del límite fronterizo.
El TLCAN está integrado por México, Estados Unidos y Canadá.
Los yacimientos transfronterizos de México y Estados Unidos en el golfo están sujetos a un tratado bilateral firmado en 2000, que estableció la moratoria.
Ambos gobiernos mantienen tratativas para renovar este acuerdo que regula esta actividad en una frontera marítima de unos 850 kilómetros.
Ese acuerdo se refiere a porciones de la plataforma continental de ambas naciones.
Una de ellas mide aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados, 10.500 de los cuales pertenecen a México y 6.500 a Estados Unidos.
La zona mexicana albergaría unos 30.000 millones de barriles de crudo, según datos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Otra zona involucra a los dos vecinos y a Cuba, con una superficie aún no delimitada de unos 20.000 kilómetros cuadrados. México no tiene ningún tratado al respecto con esa isla caribeña, que está explotando sus campos marinos.
«El acuerdo con Estados Unidos debiera incluir normas de seguridad y ambientales para la exploración del golfo de México. Los nuevos contratos de Pemex debieran incluir cláusulas sobre estos asuntos», señaló Zarco.
«Si México se va a involucrar fuertemente tendrá que aplicarse muy seriamente a tratar de minimizar los riesgos», indicó a su vez Chacón, de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, que está a la expectativa de lo que suceda en el golfo de México.
Mientras en la zona mexicana del golfo se ha perforado un pozo como promedio anual en los últimos años, del lado estadounidense se taladran al menos 167 por año, los cuales dan una producción superior al millón de barriles.
A la fecha, la agencia estatal Servicios de Administración Minera (MMS, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento (ministerio) del Interior de Estados Unidos, ya concedió la exploración de 24 bloques, de un total de 180.
En el área estadounidense operan unas 3.900 plataformas submarinas, como la Deepwater Horizon.
Pemex, en tanto, planea la perforación de al menos nueve pozos hasta 2018 en la parte mexicana del golfo.
En este marco, la petrolera mexicana ha puesto en operación al menos siete normas para equipos y operación de plataformas costas afuera.
Ante el agotamiento del crudo barato y fácil de sacar del subsuelo, la opción es inspeccionar aguas profundas como las del golfo de México y la costa atlántica de países como Brasil y Angola. Pero eso supone llevar la tecnología al límite y arriesgarse en maniobras peligrosas tanto para el ambiente como para los trabajadores de las torres.
En Estados Unidos, la poderosa industria petrolífera y sus contratistas lograron evitar el uso obligatorio de un switch acústico a control remoto que detiene la extracción en caso de percance.
En Brasil y Noruega el empleo de ese dispositivo, cuyo costo es de unos 500.000 dólares, es forzoso.
Hasta marzo, Pemex extrajo en todo el país 2,98 millones de barriles de petróleo diarios. Cerca de 33 por ciento del presupuesto nacional proviene de los ingresos petroleros, por lo cual el país está atado energética y financieramente al crudo.
El 30 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a intensificar nuevas perforaciones en el océano Atlántico, desde el nororiental estado de Delaware hasta el sureño territorio de Florida.
Pero un mes después, a causa del derrame, suspendió nuevas licencias hasta la instauración de estándares de seguridad y ambientales más estrictos.
En octubre de 2007, la plataforma móvil Usumacinta, de Pemex, chocó contra el pozo Kab-101 en las aguas de la zona sudoriental del golfo de México, con el saldo de 22 fallecidos, incidente por el cual se han presentado varias demandas ante cortes estadounidenses en contra de la petrolera mexicana y los fabricantes de los equipos siniestrados.
