En su pregunta, Meyer denunciaba que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante, aprobado por el Gobierno valenciano el pasado mes de febrero, permite nuevos desarrollos urbanísticos residenciales sobre aproximadamente 1,8 millones de metros cuadrados de los perímetros de protección de los dos parques. Este plan, según aseguró Meyer, no se ha sometido a ningún procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
La Comisión «no está al corriente» de este plan pero, basándose en los datos aportados por Meyer, «se pondrá en contacto con las autoridades españolas para obtener información sobre el cumplimiento de las citadas disposiciones», anunció el comisario de Medio Ambiente.
Potocnik aclaró que la directiva sobre hábitats no prohíbe el desarrollo económico en el interior de los lugares Natura 2000. No obstante, exige que todo plan o proyecto que pueda tener repercusiones negativas en alguno de esos lugares debe ser objeto de una evaluación adecuada que tenga en cuenta los objetivos de conservación del lugar.
«Es responsabilidad de las autoridades competentes españolas velar por el pleno cumplimiento de esos requisitos antes de autorizar los desarrollos urbanísticos en cuestión», subraya el comisario de Medio Ambiente.
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