De forma paralela a la entrada en vigor de esta moratoria, la Junta abrirá una línea de ayudas para fomentar la acuicultura vinculada a la especie, con una dotación total de 1,7 millones de euros en los próximos tres años. El objetivo del Gobierno andaluz es alcanzar un 40% de recuperación de la anguila europea para 2013 y que en 2019 el restablecimiento sea total.

El decreto aprobado por la Junta de Andalucía es también el marco legislativo del Plan de Gestión de la anguila en Andalucía, que fue ratificado el pasado 1 de octubre por la Comisión Europea en conjunto con los presentados por otras comunidades autónomas. Este documento, de diez años de vigencia, «sienta las bases para la protección y la explotación sostenible de la especie en el curso bajo del río Guadalquivir, su principal hábitat andaluz, además de recoger medidas para conocer la situación de la anguila en el resto de la comunidad», explicó el Ejecutivo andaluz.

Se persigue garantizar un escape mínimo hacia el mar del 40% de las anguilas adultas para que puedan completar así su ciclo biológico, que comienza con la entrada a los ríos como angulas, procedentes del Mar de los Sargazos, y concluye con la vuelta a aguas marinas y su reproducción en esa zona del Atlántico central.

Para mejorar los hábitats fluviales potenciales y facilitar la permeabilidad de los cauces, el plan andaluz incluye medidas como la interrupción temporal del funcionamiento de las turbinas de producción hidroeléctrica, la construcción de pasos especiales y el desarrollo de un programa de transporte de las anguilas desde aguas continentales hasta las marinas que les llevarán a completar sus movimientos migratorios.
Moratoria

En cuanto a la moratoria de diez años, el decreto establece excepciones para capturas casuales y para el ejercicio de la acuicultura, sujetas ambas a la cesión de ejemplares a la administración autonómica con destino a sus proyectos de repoblaciones y traslocaciones. Estas cesiones se incrementarán de forma progresiva desde el 35% del total capturado a un mínimo del 60% en 2013, explicó la Junta.

La moratoria también pretende eliminar otros daños ecológicos que el ejercicio no regulado de la actividad pesquera provoca en la zona de cría y engorde del Bajo Guadalquivir, donde faenan unas 80 embarcaciones artesanales sin regulación en cuanto a artes y cupos de capturas. Según señaló la Junta, el empleo furtivo de redes mosquiteras, de menos de un milímetro de luz de malla, «ha ocasionado múltiples daños en la zona, ecológicamente muy sensible y con una macrofauna compuesta por al menos 135 especies de elevado valor científico, económico y social (cada kilogramo de angulas pescadas con estos métodos conlleva más de 66 kilogramos de alevines de otras especies)».