La diversidad biológica es muy importante para la economía verde, mediante la gestión sostenible del capital natural, incluyendo la restauración de la diversidad biológica y de los servicios de los ecosistemas, se pueden crear medios de subsistencia, empleos dignos y oportunidades de negocio, así como prosperidad para las personas que viven de los ecosistemas.
El 22 de mayo es un hito en el que se conmemora el convenio sobre Diversidad Biológica firmado en la Cumbre de las Naciones Unidas de “Río 92”. Este convenio marcó tres objetivos relevantes: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.
Para promover la transición hacia una economía verde es necesario que los gobiernos, encargados de formular políticas, establezcan las condiciones e instrumentos necesarios para apoyar el cambio, lograr la ecologización de la economía y fomentar la transición justa para alcanzar el desarrollo sostenible. Algunos instrumentos que pueden aportar beneficios para la biodiversidad y la economía verde son los pagos por servicios ambientales, la custodia del territorio y el contrato territorial.
El Pago por Servicios Ambientales es un mecanismo de compensación económica a través del cual los beneficiarios o usuarios de los servicios realizan un pago a los encargados del servicio.
Los servicios involucrados pueden ser específicos, como el agua de un río o los materiales de un bosque, mientras que en otros casos pueden ser más abstractos, como el valor escénico de un paisaje, o de influencia global, como el aire limpio. Idealmente, el pago recibido debe ser empleado por el proveedor para adoptar prácticas de manejo dirigidas a mejorar o, al menos, mantener la calidad del servicio ambiental.
Un ejemplo de pago por servicios ambientales es el programa REED (programa de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques en Países en Desarrollo). En Costa Rica, mediante la inversión de unos 200 millones de USD, se ha conseguido reducir la deforestación y reactivar la silvicultura en 460.000 ha.
La Custodia del Territorio constituye una estrategia participativa de conservación que pretende hacer compatible la conservación de la biodiversidad con el rendimiento productivo, de tal forma que los propietarios reciban algún tipo de compensación por ello. La implicación de los propietarios y usuarios del territorio en su conservación se lleva a cabo a través de acuerdos voluntarios de custodia, cuya iniciativa debe partir de organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que se denominan entidades de custodia del territorio.
En España, la Plataforma de Custodia del Territorio, de la Fundación Biodiversidad, ha registrado un total de 85 entidades de custodia del territorio en 11 comunidades autónomas, concentrándose el 80% en dos de ellas, Cataluña e Islas Baleares, siendo el 67% de carácter privado y tan solo el 32% de carácter público. A través de estas entidades se han firmado 706 acuerdos de custodia en 14 comunidades autónomas.
En España se ha aprobado recientemente el Real Decreto que regula el Contrato Territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural, un instrumento formal para el reconocimiento y retribución de las externalidades positivas que las explotaciones agrarias generan y no son remuneradas por el mercado, es decir, retribuir a los propietarios de las explotaciones agrarias por todas su contribución a mejorar de forma significativa los aspectos económico, social o ambiental que describen la sostenibilidad del territorio.
De esta forma se pretende luchar contra la despoblación del medio rural e implantar una actividad agraria multifuncional que contribuya a crear y conservar el empleo en el medio rural y reforzar la cadena de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios, pudiendo repercutir asimismo en la mejora de la calidad, la consolidación de mercados locales.
Otras de las finalidades son la reducción de insumos, la mejora en la gestión de los residuos, subproductos y emisiones, así como conservar y restaurar la calidad ambiental, el suelo, el agua, el patrimonio natural y la biodiversidad autóctona silvestre, la diversidad genética agraria de base territorial, el paisaje rural y el patrimonio cultural.
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