La Almoraima en el ‘ojo del huracán’

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición de ley presentada conjuntamente por PSOE-A e IULV-CA, que ha contado con el rechazo del PP-A, y en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno la cesión de competencias para la gestión y explotación de la finca la Almoraima, situada en Castellar de la Frontera (Cádiz), o en su defecto la titularidad de la misma con cargo a la deuda contraída por el Estado con Andalucía por el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto, donde se estable que la inversión de la administración central en la comunidad será en función de su nivel de población.

   En virtud de la iniciativa, el Parlamento muestra su rechazo a la decisión del Gobierno de poner en venta la citada finca, el mayor latifundio del país, situado íntegramente en suelo andaluz y demanda que se solicite al Gobierno la cesión de competencias o la titularidad de la finca, o en su defecto la titularidad de la misma con cargo a la deuda contraída por el Estado por el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto.

   Asimismo, la Cámara pide a la Junta que abra una línea de colaboración institucional con el Gobierno central, que ayude a la materialización de un Plan de Usos para la finca, que favorezca el desarrollo de actividades y la diversificación productiva en la finca, como transformación de productos agrícolas y forestales de la zona, desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológicas, turismo sostenible o energías renovables.

   En defensa de la iniciativa, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha afirmado que La Almoraima es «patrimonio del pueblo andaluz», por lo que no se puede «hacer caja» con el mismo. Según ha indicado, con su venta se perdería mucho más de lo que se ingresaría puntualmente. «Una explotación seria de la finca generaría riqueza como compensar la inversión que se hiciera para diversificar su potencial productivo», ha añadido.

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   Nieto, que ha asegurado que su formación lleva varios años preocupada por el «bajo rendimiento de la finca», ha lamentado que siempre hayan sido rechazadas las enmiendas que han presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para tratar de corregir la situación, una cuestión que podría revertirse, en su opinión, a través de un plan de uso para la generación de empleo que no esté reñido con la conservación medioambiental de la zona.

   En la misma línea, el diputado del PSOE-A Francisco Menacho ha lamentado que haya tenido que ser «otra vez un ministro andaluz, y gaditano para más señas, quien traicione a Andalucía» intentando vender una finca que es «patrimonio natural» de la comunidad. En su opinión, con esta medida lo único que quiere el PP es que «la finca vuelva a los mismos especuladores de siempre, aunque con otro nombre».

   El socialista ha insistido en que, aunque para el Gobierno de la Nación La Almoraima «no es una prioridad», para la Junta sí que lo es porque entiende que «sólo desde lo público se puede preservar su protección y desarrollo». Además, ha rechazado que se trate de una manera de confrontar desde Andalucía con Mariano Rajoy porque la «cesión de la explotación y la gestión a la Junta» es algo que el PSOE-A ha pedido «desde siempre».

PP-A: QUIEN «PRIVATIZA» ES LA JUNTA

   Por su parte, el diputado ‘popular’ Jacinto Muñoz ha asegurado que la Junta de Andalucía pide ahora la finca gaditana sólo porque «no quiere perder el control» sobre ella y ha llamado la atención sobre el hecho de que, aunque el Gobierno andaluz «lo niegue», lo cierto es que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio «está  inmersa en un proceso de privatización de fincas rústicas» que, a su entender, «es lo mismo» que el Gobierno central va a hacer con la finca gaditana.

   Muñoz, que ha asegurado que la exconsejera de Medio Ambiente Clara Aguilera «quería vender la mayor parte del patrimonio agrario» de la comunidad y la Junta no se opuso, ha advertido de que «a lo mejor lo que quiere ahora es que el Gobierno se la ceda para poder luego venderla como hace la Junta con las demás fincas».» Todo es posible y nada nos va a extrañar», ha concluido.

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