Un juzgado de Ciudad Real ha impuesto una fianza de 800.000 euros por el presunto envenenamiento de seis águilas imperiales ibéricas. También, un juez de Cádiz cifra en casi 34.000 euros la fianza por la muerte, entre otros, de tres milanos reales presuntamente envenenados. SEO/BirdLife, en el marco del proyecto Life+ VENENO, ejerce la acusación popular en estos dos procedimientos y destaca la importancia del reconocimiento por parte de los tribunales del valor económico que supone la pérdida irreversible del patrimonio natural.

El juzgado de Instrucción nº 2 de Valdepeñas ha impuesto una fianza de 800.000 euros a un ganadero acusado del presunto envenenamiento de seis águilas imperiales ibéricas en la finca de La Encomienda de Mudela en Ciudad Real. Esta fianza se une a los casi 34.000 euros de fianza impuesta por el Juzgado de Instrucción nº2 de Jerez de la Frontera que tendrá que abonar el guarda de un coto de caza por la muerte, entre otras especies, de tres milanos reales presuntamente envenenados en San José del Valle, Cádiz.

David de la Bodega, coordinador del Life+ VENENO de SEO/BirdLife afirma que: “La imposición de estas fianzas es importante en cuanto que reconocen el valor del daño producido por el uso ilegal de cebos envenenados” y añade: “suponen un avance el la lucha contra el veneno porque demuestran que colocar cebos envenenados en el medio natural tiene consecuencias reales”.

¿Cómo se valoran las especies envenenadas?

En la consideración del valor de las especies se tiene en cuenta la rareza de la especie, su escasez, el peligro para la continuidad de las poblaciones, el daño a la biodiversidad o el esfuerzo inversor de las administraciones y de otras organizaciones para su conservación.

En el primero de los casos juzgado en Ciudad Real, el juez ha tenido en cuenta el valor reconocido por el Decreto 67/2008, que establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada en Castilla-La Mancha, de 60.000 euros por cada una de las águilas imperiales ibéricas que resultaron presuntamente envenenadas. No obstante, dada la importancia del daño producido por el número de aves muertas y su régimen de protección, al estar catalogadas en peligro de extinción (en Castilla-La Mancha sólo hay 150 parejas de águila imperial ibérica), el juez ha aplicado el doble de la escala establecida.

En el segundo de los casos juzgado en Cádiz, la fianza impuesta tiene en cuenta el valor de los tres milanos supuestamente envenenados que asciende a 15.000 euros, además de los 762 euros por un perro que resultó igualmente envenenado. El resto de la fianza se establece por las costas del procedimiento y las medidas reparadoras que se puedan imponer para restablecer el daño causado. En este caso, el juez considera que el titular del coto es responsable subsidiario ya que el veneno se utilizó por el guarda de dicho coto.

Impacto ambiental y reconocimiento en los tribunales

El daño producido a la biodiversidad por delitos contra la fauna como el uso ilegal de veneno sale muy caro, no sólo por el valor del patrimonio natural destruido, si no por el coste que implica su recuperación. El daño se produce al conjunto de la sociedad y afecta a sus propios bienes naturales, de ahí la importancia del reconocimiento por parte de los tribunales del valor económico que supone su pérdida irreversible, aunque no sea su único valor.

La presencia en los tribunales ha permitido trasladar a los órganos judiciales y a la sociedad la gravedad de esta amenaza contra la biodiversidad y apoyar el trabajo de investigación realizado por agentes de medio ambiente, el Servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y las policías autonómicas.

El proyecto Life+ VENENO ha tenido como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España. El proyecto ha contado con la financiación de la Comisión Europea y la Fundación Biodiversidad (26%). Han sido cofinanciadores igualmente el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Cantabria

SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han sido los beneficiarios del proyecto.