Bruselas exige limitar la caza del lobo ibérico por su estado desfavorable, enviando un mensaje claro a España en plena polémica por las autorizaciones de caza en Cantabria que han incluido la muerte de ejemplares reproductores.
La Comisión Europea advierte que cualquier actividad de caza debe ser compatible con la recuperación de la especie, en un momento en el que los datos oficiales siguen señalando un estado de conservación negativo y la falta de actualización del informe nacional genera aún más incertidumbre.
Bruselas exige limitar la caza del lobo ibérico por su estado desfavorable
La Comisión Europea advierte que cualquier autorización cinegética debe garantizar la supervivencia de la especie, mientras España sigue sin actualizar su informe clave.
El último informe de España a Bruselas, que abarca el periodo 2013-2018, ya clasificaba las poblaciones de lobos como desfavorables en varias regiones, incluidas zonas clave del norte, lo que conlleva estrictas limitaciones a la caza según la normativa europea.
Esta clasificación implica que los permisos de caza deben restringirse considerablemente o suspenderse si existe incertidumbre sobre los impactos acumulativos. España aún no ha presentado el informe 2019-2024, lo que deja una importante laguna informativa.
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La advertencia llega en forma de respuesta oficial de la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, a una consulta planteada en el Parlamento Europeo tras la autorización de la caza de tres lobas en Cantabria, entre ellas una gestante y dos recién paridas.
La Comisión recuerda que el lobo al norte del Duero está incluido en el Anexo V de la Directiva Hábitats, lo que permite su explotación, pero únicamente bajo una condición estricta: que no comprometa el mantenimiento de un estado de conservación favorable, algo que, según los últimos datos disponibles, no se cumple en España.
Un estado de conservación desfavorable que condiciona cualquier decisión
El último informe oficial remitido por España a Bruselas, correspondiente al periodo 2013-2018, ya calificaba la situación del lobo como “desfavorable-inadecuada” en varias regiones, incluyendo áreas clave del norte peninsular.
Este dato no es menor. En términos jurídicos europeos, implica que cualquier autorización de caza debe ser extremadamente restrictiva o incluso suspenderse si existe incertidumbre sobre su impacto acumulado.
Además, España aún no ha presentado el informe actualizado del periodo 2019-2024, lo que deja un vacío crítico de información en plena toma de decisiones sobre la gestión de la especie.
El aviso del Tribunal de Justicia de la UE cambia las reglas del juego
La Comisión recuerda un precedente clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ya dictaminó que permitir la caza del lobo en España era incompatible con la normativa comunitaria cuando su estado de conservación no era favorable.
El fallo establece un principio contundente: si existe duda científica sobre el impacto de la caza, debe aplicarse el principio de precaución y evitar cualquier autorización.
Esto implica que no solo deben tenerse en cuenta los cupos oficiales, sino también factores acumulativos como la mortalidad ilegal, los atropellos o la muerte indirecta de crías, elementos que pueden alterar significativamente la viabilidad poblacional.
La polémica en Cantabria y el foco europeo sobre España
El detonante de esta advertencia ha sido la autorización de controles poblacionales en Cantabria que derivaron en la muerte de tres lobas reproductoras, lo que, según organizaciones conservacionistas, podría haber provocado la muerte indirecta de varias camadas.
Este tipo de actuaciones ha encendido las alarmas en Bruselas, ya que el impacto real sobre la población no se limita a los ejemplares abatidos, sino que afecta a la estructura social de la especie y a su capacidad reproductiva.
La denuncia de entidades como Fondo Lobo y la intervención política en el Parlamento Europeo han elevado el caso a un nivel de supervisión comunitaria.
Responsabilidad nacional bajo vigilancia europea
Aunque la Comisión Europea se posiciona como garante del cumplimiento de la normativa, deja claro que la responsabilidad directa recae en las autoridades nacionales y autonómicas.
Sin embargo, también advierte que está siguiendo de cerca la situación y evaluará las decisiones españolas a la luz del próximo informe oficial y del cumplimiento de la Directiva Hábitats. En este contexto, cualquier desviación podría derivar en procedimientos de infracción si se confirma que las autorizaciones de caza vulneran el marco legal europeo.
Bruselas exige limitar la caza del lobo ibérico por su estado desfavorable en un momento clave para la gestión de la biodiversidad en España.
Los datos son claros, la jurisprudencia también, y la presión europea va en aumento. La decisión ahora no es técnica, es política: seguir autorizando la caza en un contexto de incertidumbre científica puede abrir la puerta a sanciones europeas y, lo más importante, comprometer el futuro de una de las especies más emblemáticas de la fauna ibérica.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó previamente que permitir la caza del lobo es incompatible con el Derecho de la UE cuando el estado de conservación es deficiente, reforzando así el principio de precaución en las decisiones de gestión de la fauna silvestre.
Los recientes controles en Cantabria, que supusieron la muerte de hembras reproductoras, suscitaron preocupación en Bruselas. La Comisión Europea advierte que España sigue siendo responsable y podría enfrentarse a acciones legales si se incumplen las normas.
