Durante la comparecencia de la ministra ante la Comisión para la Transición Ecológica del Senado para exponer las líneas principales de su actuación ministerial.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera que proteger la biodiversidad y frenar su deterioro es una «asignatura pendiente» en España y entre las medidas en que trabaja su departamento para ello figuran una estrategia de lucha contra la contaminación por plásticos acorde a la propuesta planteada este martes por el Parlamento Europeo y que estará lista «a principios» de 2019 o el incremento de la protección de la biodiversidad marina.
Durante la comparecencia de la ministra ante la Comisión para la Transición Ecológica del Senado para exponer las líneas principales de su actuación ministerial, ha indicado que el Ministerio está trabajando en una estrategia de economía circular que espera presentar y que redundará en la transformación de la industria. También promoverá una estrategia de lucha contra la contaminación por plástico que fomentará la ampliación de la responsabilidad ampliada del productor, facilitará el ecodiseño.
Respecto a la estrategia para luchar contra la contaminación por plásticos que quiere presentar el Gobierno «a principios de 2019», ha subrayado la alarma mundial por los «datos escandalosos» de plásticos en los océanos, que ya representan el 80 por ciento de la basura marina y unos daños de más de 8.000 millones de dólares anuales. Por ello, quiere fijar un objetivo de reducción de plásticos «nacional» si no se aprueba un objetivo europeo ambicioso.
En materia de biodiversidad, ha manifestado que una de sus prioridades será la lucha contra la pérdida de biodiversidad y la protección del medio natural, para lo que está avanzando en la creación de nuevos espacios protegidos, terrestres y marinos y recuperar el liderazgo de España en esta materia.
De hecho, ha indicado que espera presentar próximamente los proyectos para la creación del Parque Nacional de Mar de las Calmas y de la isla de El Hierro –el primero íntegramente marino–, el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y de la ampliación del Parque Nacional de Cabrera, que se integrarán a la Red nacional de Parques Nacionales. Con ello, ha apuntado que España multiplicará por tres su superficie protegida.
Así, ha destacado que el mensaje de la comunidad científica respecto a la amenaza del cambio climático es «contundente» y que frenar la pérdida de biodiversidad exige actuar sobre las causas, como el cambio del uso del suelo o el abandono rural. En este contexto ha recordado que en la Cumbre de Nagoya de 2010 España se comprometió a frenar la pérdida de biodiversidad en 2020 por lo que ve urgente impulsar el cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, que incluye las Metas de Aiichi en el marco de las políticas del ejecutivo.
El plan incluye 20 metas entre las que figura la protección de al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras. En la actualidad, ha dicho que España tiene protegido el 6,4 por ciento de su superficie marina y con las nuevas incorporaciones superará el 7 por ciento.
La ministra ha mostrado el apoyo de España a la creación de un santuario en el Mar de Weddel, en el océano Antártico, que se convertirá en el mayor espacio marino protegido del mundo, con 1,8 millones de hectáreas, lo que equivale a tres veces la superficie nacional que estarán libres de pesca para proteger ese «frágil entorno» y crear un reservorio de lo que ya está en peligro. «Un océano sano es vital para frenar los peores impactos del cambio climático», ha recordado.
En la actualidad está protegido el 6,97 por ciento de los océanos a nivel mundial y con la creación del santuario del Mar de Weddel se alcanzaría un 7,47, «lejos» aún del objetivo de proteger el 10 por ciento de la superficie marina mundial en 2020. También ha señalado que promoverá la aplicación de planes estratégicos para la biodiversidad, actualizar los planes para garantizar la preservación y una gestión responsable del territorio en coordinación con el resto de administraciones; y estímulos para evitar el despoblamiento, reconociendo el papel fundamental de las poblaciones rurales como «garantes» de la biodiversidad.
Asimismo, ha añadido que también se deberán potenciar los planes de preservación y recuperación de especies protegidas, consolidar los bancos genéticos, proteger los espacios vitales para las aves y actualizar la lista de especies amenazadas y fortalecer la Red Natura 2000. En materia de océanos, ha anunciado su voluntad de limitar o prohibir los posibles usos del espacio marino cuyos riesgos no sean asumibles ni ambiental ni socieconómicamente con la conservación de la biodiversidad; de apoyar la pesca artesanal y la intención de lograr medios adecuados para las tareas de vigilancia y protección.
Por otro lado, ha señalado también que se iniciarán los trámites para ratificar el Convenio Mundial sobre el Mercurio y la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal en relación a la eliminación de hidrofluorados, que ya han sido ratificados por la Unión Europea. En materia de cambio climático, ha dicho que el mensaje «es contundente» y asegura que «es posible» cumplir el objetivo y convertir lo que todavía es «residual» en el eje central de todas las decisiones.
En concreto, estima que son «piezas claves, irrenunciables y engarzadas entre sí» el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa, que fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 2050 y 2030 con sendas de descarbonización para 2050 revisables cada cinco años, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión.
Asimismo, insiste en la necesidad de realizar presupuestos quinquenales de carbono y elaborar un informe anual que describa en qué y como se ha aplicado el fondo de carbono cada año e integrar el análisis de compatibilidad climática en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en las memoras de planes, programas y normativas e incluir criterios verdes «obligatorios» en la contratación pública.