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domingo, febrero 5, 2023

Para que la ‘Ley de Residuos NO ignore la situación de la gestión de los residuos en España’

El Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados elaborado por  el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que debe transponer en este 2021 las  directivas europeas de residuos, está, en la actualidad, pendiente de emisión de dictamen preceptivo  por parte del Consejo de Estado.

El texto propuesto es considerado poco ambicioso e ineficaz ya desde  su nacimiento, por lo que las 16 entidades estatales, que denunciaron hace un mes a España ante la  Comisión Europea por el incumplimiento de los objetivos de reciclaje y reutilización de 2020, alertan  sobre la posibilidad de futuros incumplimientos de las Directivas si la Ley no es más transformadora.  

Este grupo de entidades representativas de diversas regiones del territorio, han obtenido audiencia ante  el Consejo de Estado para formular alegaciones a la citada propuesta legislativa y han pedido de manera  unísona a la institución que emita un dictamen desfavorable al Anteproyecto de Ley. 

El principal argumento de las organizaciones es que la transposición de las directivas de residuos debe  hacerse partiendo de la realidad de incumplimiento generalizado de los objetivos de reciclaje que existe  en el Estado español para poder así adoptar medidas reales y efectivas como las recomendadas  reiteradamente por la Comisión Europea. 

«Se debe de partir de un correcto análisis de la situación preexistente y no ocultar la realidad en la  que nos encontramos en materia de residuos si queremos que se apruebe una Ley de Residuos que  promueva la prevención, la reutilización y el reciclaje de alta calidad y consiga que España deje de quemar y enterrar el 60% de sus residuos domésticos», han expresado las entidades en sus  alegaciones. 

Con los datos de los se dispone actualmente, así como con las proyecciones realizadas por la propia  Comisión Europea, y la ausencia total de cambios disruptivos durante los últimos años, es sencillo  deducir que España no ha alcanzado el objetivo del 50% de reciclaje para antes del año 2020 establecido  por la Directiva Marco de Residuos de 2008. Es más, el dato de reciclaje estimado por Eurostat para el  año 2019 fue de un 34,7%, una décima por debajo del dato reportado para 2018, consolidando una  tendencia a la baja desde 2017. 

«Si el Anteproyecto de Ley de Residuos ignora esta realidad de partida, la norma que impulse el  Congreso será improductiva desde el mismo momento en que se apruebe», denuncian las entidades  firmantes. 

Las organizaciones apuntan que son muchas las medidas esenciales que el ejecutivo ha obviado en su  propuesta como la creación de un sistema de recogida selectiva obligatoria de biorresiduos en todo el  territorio antes de 2023, la introducción de un régimen fiscal armonizado y finalista sobre la eliminación  de residuos, el fomento de incentivos económicos y sistemas de depósito, devolución y retorno de  productos para su reutilización o para su reciclaje de alta calidad y el desarrollo de medidas para  asegurar la responsabilidad ampliada del productor. Todas ellas medidas sugeridas o recomendadas por  las directivas europeas o por la Comisión Europea.  

El Anteproyecto de Ley redactado por el Ministerio de Transición Ecológica no sólo ignora la actual  situación de incumplimiento, sino que además ni recoge medidas esenciales puestas en marcha en otros  países europeos que ya tienen mejores resultados en la gestión de los residuos, ni impide que se  perpetúen situaciones de monopolio como las que vivimos en determinados flujos de residuos al  permitir la existencia de un solo Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) como  ocurre, por ejemplo, con Ecoembes en el caso de los envases ligeros o Ecovidrio en el caso de los  envases de vidrio. 

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